¿Por qué se disparan las demandas de despido en Castellón si trabaja más gente que nunca?

La fotografía del empleo en Castellón durante el 2025 parece inmejorable. Al cierre del año trabaja más gente que nunca en la provincia, con 267.300 afiliados a la Seguridad Social. En cuanto al paro, mantiene su tendencia descendente, con 31.376 personas inscritas en las listas públicas. El mejor cierre de ejercicio desde 2008, y muy lejos de las 49.000 registradas en los peores momentos de la pandemia del covid.

Estos indicadores positivos contrastan con el aumento de los procedimientos judiciales por despido en Castellón. De enero a septiembre, el número de demandas ingresadas en la provincia se disparó un 46,04% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 1.808 casos. A ello se suman 1.328 demandas de reclamación de cantidades en concepto de indemnizaciones, según reflejan las cifras del Consejo General del Poder Judicial, que se actualizan cada tres meses.

Más empleo, más litigios

¿Por qué mejora el empleo y, al mismo tiempo, crecen las causas judiciales relacionadas con el entorno laboral? Amparo Máñez, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón y del Consejo Valenciano de colegios de la Comunitat, ofrece una explicación clara. "Hubo un cambio de legislación en los despidos por incapacidad temporal, de modo que los ceses de trabajadores en periodo de incapacidad se consideran nulos en su mayoría, y esto ha generado más controversia entre empresas y trabajadores", detalla.

En 2020 se endurecieron las causas de despido por baja médica. Si la empresa argumenta razones económicas o disciplinarias, estas deben estar muy justificadas para que no se interpreten como discriminación por motivos de salud o bajas reiteradas, un escenario que ha incrementado la litigiosidad.

Cambios legales y mediación

Máñez señala otros factores vinculados a nuevos criterios jurídicos. "Antes, la mayoría de modalidades de despido incluían el pago directo de la indemnización, pero ahora no se permite, lo que obliga a acudir a mediación o a juicio", explica. Esta situación se da especialmente en ceses por causas disciplinarias. "Aunque empresa y empleado estén de acuerdo en el importe de la indemnización, es obligatorio presentar trámite", añade, lo que fuerza al exempleado a buscar asesoramiento legal, con el coste que ello conlleva.

Con todo, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales aclara que la administración de justicia registra todos los casos, aunque no todos acaban en juicio, ya que muchos se resuelven con conformidad previa.

Diferencias entre provincias

Tal y como ya señaló meses atrás, Amparo Máñez subraya que, pese al incremento, Castellón mantiene mecanismos relativamente ágiles para resolver este tipo de conflictos. El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la provincia "es de los que mejor funcionan de España, con plazos de 15 a 20 días", un panorama muy distinto al de Valencia, donde "ya se va a cerca de tres meses", expone.

Esta diferencia también se percibe en los plazos judiciales. En Castellón, los juicios pueden demorarse hasta un año, mientras que en Valencia superan los dos años, una situación especialmente delicada "si alguien necesita el dinero de la indemnización", comenta.

Conflictos recientes en empresas

Las últimas noticias sobre problemas laborales en determinadas empresas ofrecen pistas sobre cómo puede ser el cierre del año en las estadísticas de litigios laborales. En el sector cerámico, la empresa Codicer está inmersa en un ERE que afecta a la mayor parte de su plantilla, compuesta por unas 75 personas. A ello se suma el despido, meses atrás, del personal que quedaba en Frost-trol, tras no haberse encontrado un comprador que diera continuidad a la unidad productiva.

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