Vivienda reajusta el alquiler social en Castellón a más de 400 familias morosas

Residen en una de las viviendas que conforman el parque público de la Generalitat Valenciana y aunque el precio del alquiler social al que deben hace frente está por debajo del precio de mercado no pueden asumirlo. Por ello, desde la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad han decidido pactar con estas familias vulnerables de Castellón y del resto de la Comunitat un «reajuste» del precio del alquiler y nuevos plazos para saldar la deuda que han contraído con la Administración pública e ir asumiendo los pagos de la cuota para mantener el techo en el que viven. En esta situación se encuentran 408 familias con escasos recursos de Castellón y, en conjunto, de toda la Comunitat son 3.211.

Entre los mecanismos que la Conselleria ha puesto en marcha para ayudar a cientos de familias destaca la aplicación de bonificaciones para reducir el alquiler a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que tienen grandes dificultades para pagar el arrendamiento. En este caso, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Vicepresidencia primera, establece la renta en función del importe del alquiler, ingresos y número de miembros que integran la unidad.

En muchos casos, la ayuda puede alcanzar hasta el 90% del precio del alquiler. «Durante 2025, la aplicación de estas bonificaciones ha beneficiado a 2.130 familias de la Comunitat Valenciana, de las que 1.060 corresponden a la provincia de Valencia, 724 a la de Alicante y 346 a la de Castellón», detallaron. ¿En cuánto importe? En global en la autonomía, han sido 2.029.842 euros, distribuidos así: 381.776 euros en la provincia de Castellón; 1.016.821 en Valencia y 631.244 euros en la de Alicante», explican desde la Generalitat.

Ganar tiempo para pagar

Otro de los recursos de que dispone el Consell para hacer frente a las deudas contraídas por impago en los alquileres de viviendas públicas es la firma de actas de reconocimiento de deuda. Un recurso clave para garantizar el derecho a la vivienda de estas familias. «Con este método de prórroga de pago, el inquilino firma un documento mediante el cual reconoce voluntaria y expresamente adeudar a la Generalitat una determinada cantidad. En él se acuerda fijar un pago aplazado de la deuda, la forma y tiempos de abono», indican.

Los técnicos de la EVHA estudian la situación concreta de la unidad de convivencia, junto a los Servicios Sociales municipales que verifican la situación de vulnerabilidad, para determinar las cantidades y plazos a devolver. Un total de 1.081 familias han firmado 2025 estas actas de reconocimiento de deuda, de las que 62 pertenecen a Castellón, 528 a Alicante y 491 a la de Valencia. Asimismo, la firma de estas actas ha supuesto aplazar en total 5.451.604 euros: corresponden 243.764 a Castellón, 3.113.854 a Alicante y 2.093.985 a Valencia.

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha destacado que estos mecanismos buscan «asegurar que las familias con menos recursos puedan acceder y mantener una vivienda digna, con cantidades asumibles para ellos». Para dar a conocer estas medidas, la EVHA organiza campañas informativas, como reuniones para explicar las medidas, y colaboran los Servicios Sociales municipales. Asimismo, la EVHA dispone de 25 espacios de atención en varios grupos de vivienda pública. En ellos, los equipos de mediación social, financiados con fondos europeos, ayudan a los residentes a tramitar bonificaciones y en problemas de convivencia, mantenimiento y gestión en las comunidades vecinales.

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