Diputación suma fuerzas con Generalitat para evitar el cierre de cajeros automáticos en el interior de Castellón

Revertir la exclusión financiera provocada por el Gobierno de España y aunar esfuerzos para asegurar cajeros automáticos en el interior de la provincia. Es el objetivo de la reunión que ha mantenido este viernes la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, junto a la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, con el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, y con el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, para abordar la problemática “que pone en jaque a pequeños municipios de nuestra provincia por culpa del Gobierno de España, quien mantiene bloqueada desde 2024 una ley para garantizar el servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión financiera”.

La dirigente provincial ha expresado su preocupación porque la exclusión financiera afecta a municipios de la provincia de Castellón que ya no cuentan con ninguna oficina bancaria en funcionamiento y que sufren el fenómeno de la despoblación”, ha indicado Marta Barrachina.

Contra el Castellón vacío

“Disponer de una sucursal bancaria o un cajero automático va mucho más allá de disfrutar de una prestación básica. Es fijar población y garantizar calidad de vida. Por ello se deben estudiar fórmulas para hacer frente a la inacción del Gobierno de España y evitar la clausura de más sucursales bancarias”, expresa la presidenta de la Diputación.

Al respecto, el alcalde de Vistabella, uno de los municipios afectados, Jordi Alcón, ha valorado "positivamente" que "el Consell haya empezado a interesarse por los servicios bancarios en los pueblos de Castelló, pero esperamos que este interés no se quede solo en palabras". "Necesitamos acciones urgentes y concretas para todos los pueblos de Castellón, sin mirar colores políticos, porque la lucha contra el despoblamiento es una responsabilidad de todas las administraciones", ha dicho el munípice. de Compromís.

Bloqueo del Gobierno de Sánchez

La máxima representante de la institución provincial ha incidido en que “el Gobierno de España mantiene bloqueada desde 2024 una ley para garantizar el servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión financiera”. “El ejecutivo central no solo se niega a reformar la ley sino que, además, no destina ni un euro a garantizar un servicio básico para fijar población en los pueblos en riesgo de desaparición”.

Por todo ello, durante el encuentro mantenido este viernes, Marta Barrachina ha subrayado la necesidad de establecer un plan para asegurar cajeros automáticos e incrementar recursos en el interior.

“La Diputación de Castellón trabaja para que el bienestar llegue a los 135 municipios de la provincia, al conjunto de nuestro territorio, y en ello vamos a seguir focalizando nuestra acción de gobierno, en que ningún vecino de nuestra provincia se quede atrás, independientemente de su lugar de residencia”. “Vamos a ser el altavoz de esta injusticia y no vamos a parar hasta garantizar esta prestación en el mundo rural”, ha añadido.

Cuál es el problema

El problema deriva del contrato heredado de la anterior legislatura cuyo vencimiento se inicia este mes de enero de forma escalonada en los diferentes municipios y no permite prórroga. Ante esta situación, la Generalitat ha tenido que arbitrar soluciones rápidas para mantener este servicio esencial.

El Gobierno valenciano habilitará diferentes de actuaciones y líneas presupuestarias para mantener estos servicios. De hecho, ya ha empezado a enviar a los ayuntamientos la información correspondiente en la que explica que el contrato del anterior Gobierno autonómico finaliza en la fecha señalada y cómo se va a continuar con el servicio con las medidas implementadas por la Generalitat para lo que se detalla la documentación y los trámites que debe realizar el consistorio. 

“Es la Generalitat la que sale al rescate de los pequeños municipios y la que, en colaboración con la Diputación, garantiza el mantenimiento de los cajeros automáticos evitando la exclusión financiera de los ciudadanos de pueblos pequeños”, ha afirmado el secretario autonómico de Cohesión Territoria. Por su parte, el director general de Administración Local ha recalcado que “la Generalitat es la que está abriendo los cajeros que las entidades bancarias están cerrando por motivos de rentabilidad financiera”.

Actualmente, los municipios sin servicio bancario cuentan con 135 cajeros automáticos instalados por Caixabank en el territorio de la Comunitat Valenciana. Este servicio beneficia a cerca de 73.000 personas en el ámbito rural.

El PSOE contesta: "No es un problema de leyes, sino que gobernar bien"

El PSPV-PSOE denuncia que las declaraciones de Barrachina, en las que responsabiliza al Gobierno de España de la desaparición de los cajeros automáticos en el interior de Castelló por una supuesta ley no aprobada “son falsas”.

La diputada socialista Ana Besalduch ha explicado que sus declaraciones “quedan desmentidas rápidamente, teniendo en cuenta que este servicio se ha venido prestando con normalidad desde 2021 y sin necesidad de ninguna normativa superior, gracias a la iniciativa del president Ximo Puig”. “Son expertos en fabricar coartadas, ya sea para tapar la comida en El Ventorro o el ‘empastre’ que dejará al interior sin efectivo”.

Besalduch ha insistido en que “esta bofetada del PP al interior no es un problema de leyes, es un problema de gobernar bien”. En este sentido, ha explicado que “el contrato de los cajeros era para cuatro años y, aun conociendo la fecha de caducidad, el gobierno del PP en la Generalitat no lo ha vuelto a licitar, ni siquiera cuando los socialistas advertimos públicamente el 1 de diciembre de 2025 de que se podía perder el servicio”.