Frente común en la Diputación de Castellón en defensa de la costa y en rechazo de Mercosur y la exclusión financiera

La Diputación de Castellón, en el pleno ordinario de enero celebrado este martes, ha constituido un triple frente común con tal de reclamar la protección de los poblados marítimos de la provincia a través de la modificación de la ley de Costas y para mostrar el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y el avance de la exclusión financiera por los municipios del interior con el cierre de entidades bancarias.

Así se ha plasmado en la sesión al lograr la unanimidad de todos los grupos políticos que integran la corporación provincial, aunque ello no ha conllevado que se aparcaran por completo los reproches entre los grupos políticos. La primera en salir adelante ha sido la moción presentada por el grupo popular para exigir la modificación de la ley de Costas.

Bloqueo frente inacción

El diputado del PP José María Andrés ha acusado a PSOE y Compromís de bloquear la iniciativa en la Mesa del Congreso y les ha instado a "exigir al Gobierno que acelere las obras de regeneración". A su vez, ha reivindicado la labor del Gobierno central bajo las riendas de Rajoy para planificar las infraestructuras contra la regresión.

Mientras, la diputada socialista María Jiménez ha acusado a los populares de recurrir a la "demagogia" cuando hablan sobre la costa. "¿Una ley de 1988 se ha convertido ahora en una amenaza desde que gobierna Pedro Sánchez? ¿Y antes no lo era?", ha cuestionado, poniendo en valor que "se han invertido más de 30 millones desde que gobierna Sánchez" y lamentando a la vez la inacción durante la época del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Ni la ley de Costas es de ahora ni los incumplimientos son nuevos. Se han incumplido los compromisos con la costa, o se ha hecho menos de lo que se necesitaba, tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP", ha señalado por su parte el portavoz de Compromís, David Guardiola. Por último, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha aludido a la normativa autonómica y ha criticado que la estatal "ponga en riesgo" las viviendas construidas anteriormente.

Liderar la reivindicación

Por otra parte, la institución se ha comprometido a liderar la reivindicación contra la exclusión financiera y ha instado al Gobierno a tramitar la ley de Servicios Bancarios para combatirla a raíz de una moción de Compromís que ha incorporado parte de una enmienda del PP. "Estamos trabajando para que las poblaciones no se queden sin cajero", ha avanzado la vicepresidenta María Ángeles Pallarés, quien ha señalado que está prevista en el 2027 una licitación conjunta para dar cobertura a todas las poblaciones afectadas y que mientras se impulsa una solución para las nuevas localidades que han denunciado que perderán el servicio.

"La lucha contra la despoblación no se hace con discursos, sino manteniendo servicios", ha sentenciado la socialista Ruth Sanz. "Menos culpas a Sánchez y más renovar los contratos para que no se cierre el servicio", ha reclamado.

Guardiola ha criticado que el sector "solo sabe de dinero" y ha celebrado que la Diputación "haya activado a otras administraciones como el Consell" para dar una respuesta a los nuevos cierres de entidades anunciados en el interior.

"La solución está en que la oferta de servicios alternativos se consiga a través de las empresas", ha valorado Ferrer sobre el asunto.

Más consenso ha habido a la hora de plasmar el desacuerdo con el pacto con Mercosur, pues una moción presentada por Compromís terminó convirtiéndose en una declaración institucional, que apunta al "grave riesgo que supone para el sector agrario, el ganadero, el medioambiente y el equilibrio territorial de nuestras comarcas" y reprocha "la forma antidemocrática en la que se ha impulsado su aplicación provisional, sin la ratificación previa del Parlamento Europeo".

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