Los 334 graduados sociales de Castellón explotan contra el lío del decreto ónmibus: "Estamos colapsados"

La derrota sufrida a principios de esta semana por el Gobierno a manos de PP, Vox y Junts, que tumbaron el Real Decreto-Ley 16/2025, de 23 de diciembre (el denominado decreto ómnibus) ha generado una gran incertidumbre en el colectivo de pensionistas o entre quienes esperaban ayudas para la compra de vehículos eléctricos, pero también está colapsando a los graduados sociales, que no pueden cerrar nóminas y cotizaciones con seguridad jurídica. "La sobrecarga de trabajo que soportamos es brutal", denuncian los profesionales de Castellón.

El Colegio de Graduados Sociales de Castellón, que aglutina a 334 despachos profesionales de la provincia, asegura que la decisión del Congreso de los Diputados de no convalidar el decreto ómnibus ha reabierto "un escenario de incertidumbre jurídica en el ámbito laboral" y de la Seguridad Social que afecta de lleno al trabajo de un colectivo que es el que se encarga de aplicar la normativa en miles de empresas y relaciones laborales en todo el país. "Esa falta de convalidación nos obliga a despachos profesionales, empresas y trabajadores a operar en un marco cambiante y sin criterios estables, lo que dificulta la planificación y la correcta gestión de nóminas y obligaciones sociales", describe Amparo Máñez, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, que insiste en que la caída de esta norma les vuelve a generar una inseguridad jurídica similar a la que se enfrentaron hace seis años, durante la pandemia.

Desde el Consejo General de Graduados Sociales de España se subraya que esta situación ya fue advertida con antelación. En 2024 se trasladó al Ministerio de Trabajo y Economía Social la necesidad de aprobar con antelación las actualizaciones del SMI y otras medidas laborales para evitar disfunciones técnicas y organizativas. También se informó de la misma inquietud al presidente de la CEOE y al Secretario de Estado de Trabajo. A comienzos de 2025, la petición se reiteró formalmente ante el propio Ministerio, "sin que se haya logrado evitar una situación que reproduce problemas ya vividos en ejercicios anteriores", explican.

Cerrar nóminas, imposible

Entre las principales consecuencias profesionales que conlleva la no aprobación de esta norma, los graduados sociales de Castellón señalan la imposibilidad de cerrar nóminas y cotizaciones con seguridad jurídica, la obligación de rehacer cálculos salariales, seguros sociales y regularizaciones con efectos retroactivos, el aumento injustificado de consultas y reclamaciones administrativas y una sobrecarga de trabajo extraordinaria en los despachos profesionales “no prevista ni compensada”. A ello se suma el deterioro de la relación con empresas y clientes, que reciben mensajes contradictorios derivados de la falta de estabilidad normativa.

El episodio se repite, insisten los profesionales, porque en diciembre del año 2024 otro decreto ómnibus, el Real Decreto-ley 9/2024, tampoco logró los apoyos necesarios en el Congreso. Para los graduados sociales, la reiteración de estos bloqueos refleja una falta de previsión y de consideración hacia el colectivo que hacen posible la aplicación efectiva de las leyes.

“No se puede seguir legislando de espaldas a la realidad diaria de quienes deben ejecutar las normas, trasladando de forma sistemática el coste de la inacción política a los despachos profesionales”, reitera Máñez. Por ello, desde el Consejo General de Graduados Sociales de España se reclama que “las medidas esenciales en materia laboral y social se tramiten con urgencia, claridad y estabilidad normativa” evitando nuevas situaciones de “caos normativo que perjudican gravemente al sistema y a quienes lo sostienen en el día a día”.

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