Denuncian el déficit de inspectores veterinarios de matadero en Castellón

El colegio oficial de veterinarios denuncia el déficit de inspectores de matadero. Una reivindicación que cobra fuerza después de que la Generalitat haya presentado un proyecto de decreto para regular las condiciones especiales de trabajo y retribución para el personal de Salud Pública que presta estos servicios. Según denuncian, las autoridades optan por suplir la carencia de estos profesionales con veterinarios de área, que tienen otra formación y ámbito, y este proyecto de decreto parece querer consolidar esta irregularidad, ya que el texto añade un pago complementario para los veterinarios de área que trabajen en matadero, sin considerar cualificación, niveles y funciones de cada categoría.

Quién es quién

El control oficial de los alimentos en la Comunitat está regulado y se estructura a partir de dos categorías profesionales, ambas dependientes de Sanitat. Sin embargo, sus ámbitos de actuación son bien diferenciados. El decreto 30/1988, actualmente en vigor, apunta que el veterinario de área se responsabiliza de la seguridad alimentaria en establecimientos como industrias alimentarias, bares, restaurantes, colegios, supermercados, lonjas pesqueras, salas de despiece cárnicas, hortofrutícolas, mercados y el inspector veterinario de matadero (que también depende funcionalmente de la Conselleria de Agricultura) se encarga de la inspección del ganado antes del sacrificio, del despiece, condiciones de refrigeración, transporte y producción de derivados cárnicos dentro de los centros dedicados al sacrificio de reses.

Cuántos veterinarios de salud pública hay en Castellón

Según el colegio de veterinarios, en la Comunitat hay 284 veterinarios de salud pública, de los que más de 30 son de la provincia de Castellón. Estos incluyen tanto los veterinarios de área como los de matadero y coordinadores.

Alegaciones al decreto

El colegio ha presentado alegaciones al proyecto de decreto al considerar que la medida planteada no contempla las horas de formación especializada en las funciones, conforme establece la normativa europea, y podría cuestionar la eficiencia y la eficacia de los controles oficiales en una materia tan sensible como la seguridad alimentaria. Además, permitir estas sustituciones generaría disfunción organizativa e inseguridad jurídica, además de romper con los principios de mérito, capacidad, igualdad, objetividad y transparencia de la función pública.

Si bien se aplaude la voluntad de Sanitat de regular las condiciones del servicio prestado por este cuerpo en festivos, en horario nocturno, en régimen de turnos o en los mataderos, advierte que las remuneraciones planteadas son sensiblemente más bajas que las recogidas para otros sanitarios.

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