Vox se queda solo contra el 8M en la Diputación de Castellón entre un nuevo lío por la financiación

El diputado de Vox en la Diputación de Castellón, Luciano Ferrer, se ha vuelto a quedar solo en una cuestión de igualdad de género en el pleno ordinario de febrero, celebrado este martes, al votar en contra de la moción con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El resto de diputados de Partido Popular, PSPV-PSOE y Compromís han votado de forma conjunta a favor del texto, basado en la propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que ha salido adelante y ha sido leído conjuntamente por una representante de cada una de estas formaciones: Marisa Torlà, Zaida Moreno y Maria Fajardo, algo que de normal solo ocurre en las declaraciones institucionales, aunque no se puede recurrir a esta figura ante la falta de unanimidad.

"Reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, la participación en la sociedad y la eliminación de la discriminación y la violencia de género", expone el texto, aprobado un día después del crimen machista en Benicàssim. Ferrer ha mostrado su oposición afirmando que "rechazamos el feminismo radical", añadiendo que "los beneficiados no son las mujeres".

Dos mociones retiradas

Vox también tenía previsto defender dos mociones en el pleno en las que reclamaba regular el acceso a dependencias municipales con nicab o burka y sobre la regularización masiva de inmigrantes "ilegales", si bien ha terminado retirando ambas propuestas, sin llegar a debatirse.

Más allá, la financiación autonómica y municipal ha vuelto a derivar en un choque entre equipo de gobierno y la oposición. Al pleno fueron dos mociones, una del PSPV que quedó desestimada y otra del PP que salió adelante. Sin embargo, el debate desencadenó en un cruce de acusaciones, incluyendo reproches sobre el panorama político nacional.

El momento más tenso se vivió justamente en el turno de ruegos y preguntas, cuando el socialista José Benlloch planteó la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar el aumento de la aportación del fondo de cooperación. A ello le respondió la presidenta, Marta Barrachina, acusándole de verter "amenazas continuas".

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