Nueva exigencia para los pisos turísticos: miles de alojamientos de Castellón deben justificar este mes su actividad
El sector, con 14.000 viviendas en la provincia y 7.300 en el registro estatal, aqueja el impacto de la medida, que de incumplirse impedirá anunciarse en plataformas

Una persona pasa junto al portal de unos apartamentos turísticos, con los cajetines de las llaves, en una imagen de archivo. / E.P.

Los propietarios de las miles de viviendas de corta duración de la provincia, entre las que se encuentran las de uso turístico, deberán de comunicar este mes el uso que se ha hecho de los inmuebles para poder seguir anunciándose en las plataformas digitales.
Castellón, según los datos públicos del registro de la Generalitat Valenciana, dispone de 14.102 viviendas turísticas, destacando por número municipios como Peñíscola, Orpesa o Benicàssim. Sin embargo, desde el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles contabilizan, a fecha de enero de 2026, un total de 7.297 números de registro único de alquiler dispensados. De ellos, la gran mayoría, hasta 5.641, tienen carácter definitivo. Otros 171 son provisionales, mientras que 1.485 han sido revocados. En el caso de la provincia de Valencia el total se sitúa en 19.097 y en la de Alicante el montante global asciende a 46.358.
«Durante el mes de febrero de este año, todos aquellos que hubieran obtenido en 2025 su número de alquiler y lo hubieran inscrito en el registro de la propiedad, tienen ahora la obligación de presentar unas hojas anonimizadas en las que informar sobre el uso que se ha hecho de cada una de las fincas o dependencias», explica a este diario el decano autonómico de los Registradores, Alejandro Bañón, señalando que este trámite surge de una orden ministerial que desarrolla el real decreto 1312/2024 y es imprescindible para anunciarse en plataformas.
Ajuste al fin de la inscripción
¿Y qué pasa después de la comunicación? «Los Registradores comprueban qué destino que se ha dado a lo largo del año a las viviendas; si se ha ajustado al fin, turístico o no turístico, con el que quedó inscrito su número de registro», detalla Bañón, quien añade que «en particular, entre otros extremos, que las estancias y su duración se ha ajustado a los márgenes establecidos por la normativa de la Comunitat Valenciana».
Desde el sector, sin embargo, son críticos con este requisito. «Incorpora una capa burocrática adicional. El problema no es la transparencia, sino que añade una complicación adicional, en especial para los pequeños propietarios», valora la presidenta de la Asociacion de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana(Aptur CV), Silvia Blasco.
«Casi todos los países están simplificando, mientras que España añade burocracia», incide Blasco, quien apunta al impacto que tiene que se impida anunciarse en plataformas digitales si no se dispone de dicho número de registro para su actividad. De hecho, defiende que «ya se ha reducido la oferta visible on line».
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