Expertas urgen más recursos y una alianza social contra los feminicidios

Tres crímenes machistas han conmocionado la sociedad castellonense esta semana. Mediterráneo ha consultado con diversas expertas para analizar qué falla para que persista esta epidemia de violencia de género, con 11 muertes en mes y medio en España. Coinciden en que es un problema complejo, que debe implicar a toda la sociedad y reivindican más recursos, prevención y coordinación.

Perspectiva feminista

Para Reyes Santamaría, portavoz de la Coordinadora Feminista, los feminicidios constituyen «el último escalón de las injusticias que sufren las mujeres por el hecho de serlo». A su juicio, la violencia machista no ha aumentado, sino que se ha visibilizado gracias a la mayor autonomía femenina. Sin embargo, esa autonomía puede convertirse en detonante de riesgo cuando el agresor percibe que pierde el control, especialmente en el momento de la ruptura. «Ahí debería aumentar temporalmente la protección», sostiene.

Santamaría apunta a carencias en el sistema de protección. Aunque lo considera «bien concebido», denuncia que falla por falta de medios humanos y seguimiento cercano. La ratio de casos por profesional (psicólogos, policías, trabajadores sociales, juristas...) es demasiado elevada para poder realizar un seguimiento frecuente. Además, propone incorporar una valoración profesional del agresor en los casos de riesgo medio, alto o extremo, y no basar la evaluación solo en la percepción de la víctima, que puede minimizar el peligro. También reforzar los servicios de atención a las víctimas en periodos vacacionales, cuando se producen muchas crisis machistas, al aumentar la interacción.

A su vez pone el foco en la violencia vicaria: los menores que crecen en entornos de maltrato pueden normalizar la violencia o vivir en pánico constante, lo que exige atención psicológica gratuita y mayor coordinación entre los organismos de Igualdad y los servicios de protección de menores.

Por último reivindica implicación comunitaria (vecinal, familiar, laboral...), no negar o invibilizar esta lacra a nivel político, institucional o social.

Centros sanitarios, espacios seguros

Desde el ámbito sanitario, Isabel Almodóvar, presidenta del Colegio de Enfermería de Castellón, introduce otra dimensión: la educación y la detección temprana del problema. Considera que se arrastra un problema de raíz: el déficit en la educación en igualdad y respeto. Defiende la implantación de la enfermera escolar no solo para «reparar heridas, sino para educar en relaciones afectivas sanas y detectar dinámicas tóxicas» en la infancia desde los centros educativos.

Asimismo, Almodóvar advierte que los centros de salud y las urgencias son en muchas ocasiones el único espacio seguro al que la víctima acude. La consulta de Enfermería puede convertirse en una primera barrera de detección a través del cribado y la entrevista clínica. Para ello considera vital crear el clima de confianza adecuado. Advierte que la precariedad laboral y la rotación constante de profesionales dificultan el seguimiento y la creación de vínculos estables con las pacientes.

La falta de tiempo en consulta y la elevada ratio de pacientes es otro obstáculo para detectar señales invisibles como ansiedad, insomnio o somatizaciones recurrentes. Además, reclama refuerzos en seguridad en los centros sanitarios ante posibles situaciones de riesgo, como personal de seguridad suficiente, botones del pánico en consultas o protocolos de actuación rápida.

El papel de los psicólogos

Por su parte, la psicóloga y profesora de la Universitat Jaume I Inmaculada Alcalá incide en la complejidad del fenómeno y en la necesidad de un abordaje multidisciplinar. Subraya la falta de recursos profesionales en psicología y políticas públicas, y explica el llamado ciclo de la violencia —fase de «luna de miel», acumulación de tensión y agresión— para comprender por qué muchas mujeres no se reconocen como víctimas y tardan en romper el vínculo.

La violencia, señala, suele instalarse de forma gradual, lo que dificulta a la víctima la toma de conciencia. Incluso tras la separación, pueden persistir formas de acoso o violencia económica, por lo que el acompañamiento terapéutico debe ser prolongado. Alcalá anima a denunciar y romper la relación, aunque insiste en que la sociedad debe entender que el proceso no es sencillo y requiere tiempo y apoyo.

Reivindica que haya más profesionales de psicología en muchos más espacios para escucha y acompañamiento en esta lacra.

Vulnerabilidad de las personas con discapacidad

Las expertas alertan, además, de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Rocío Nemesio Pablos, trabajadora social de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Cocemfe de Castellón, explica que además de poder presentar mayor dependencia física y económica respecto del agresor (muchas veces es también su cuidador principal) estas víctimas pueden sufrir más aislamiento social y disponer de menos redes de apoyo. Además, señala, no basta que haya más recursos para atenderlas, sino también que estos sean accesibles físicamente (casas de acogida y juzgados sin barreras, por ejemplo) y dotadas de personal formado y preparado para atender los diferentes tipos de discapacidad, (por ejemplo, si presentan dificultades comunicativas, o cognitivas) así como psicólogos o asistentes personales o apoyos domiciliarios para que se vean apoyados. Reyes Santamaría, portavoz de la Coordinadora Feminista también considera que el riesgo debería considerarse siempre elevado o extremo en el caso de estas víctimas. La técnico de Cocemfe avisa, por ejemplo, que pueden sufrir violencia específica (el agresor puede ocultarle la silla de ruedas, la medicación...). Isabel Almodóvar, presidenta del colegio de Enfermería de Castellón, también reclama protocolos adaptados para mujeres con discapacidad.