El Síndic de Greuges reprende al Ayuntamiento de Castelló por la demora en un certificado de vulnerabilidad para regularizar a una persona en extranjería

El Síndic de Greuges ha reprendido al Ayuntamiento de Castellón en relación con la demora en dar respuesta al escrito de una persona interesada solicitando un certificado de vulnerabilidad social para extranjería. El defensor del pueblo ha recomendado, este mes, al consistorio castellonense que emita el informe que solicitó la persona el 25 de septiembre del 2025 o, en caso de negativa, le dé una respuesta lo suficientemente justificada sobre cómo recurrirla.

La persona quería un informe social de vulnerabilidad y exclusión social para la Oficina de Extranjería de Castellón a los efectos de tramitar su solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

El informe municipal que remitió el Ayuntamiento reflejaba que la persona había sido atendida en el Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria desde el 23 de septiembre y por el Negociado de Convivencia e Interculturalidad, para entre otras cosas, para tramitar la renta valenciana de inclusión, y le respondía que de acuerdo con la ley orgánica 4/2000 de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el real decreto 1155/2024 que aprueba su reglamento no existe entre los requisitos exigidos para este trámite la aportación de un informe de vulnerabilidad y exclusión social, por lo que no procedería la emisión del mismo por los servicios sociales municipales teniendo en cuenta que no está contemplado por la Ley de Extranjería para el trámite invocado.

La persona denunciante alega que el informe municipal reconoce la situación de vulnerabilidad social de su unidad familiar, de la que forma parte una menor de 10 años y que la demora en emitir dicho certificado afecta de manera directa al bienestar, estabilidad, acceso a medios de subsistencia y protección integral de la menor y que dicho certificado es imprescindible para la regularización de la unidad familiar y el acceso al empleo.

Ayudas de comedor

La persona denunciante insiste en su situación de vulnerabilidad y exclusión social y que el Ayuntamiento tiene obligación de certificar hechos de los que tiene constancia (como que se emitió un informe en septiembre para que la menor recibiera la ayuda de comedor escolar para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, un informe del centro de salud Gran Vía remitido a Servicios Sociales para el acompañamiento integral de la familia) y considera que negar la emisión del informe de vulnerabilidad alegando que la normativa de extranjería no lo contempla supone una barrera burocrática ilegal por lo que solicita la inmediata emisión del certificado solicitado.

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