Taxistas de Castellón, en la protesta contra la liberalización de las VTC: "Será nuestra sentencia de muerte"

El sector del taxi de la Comunitat han realizado este miércoles una huelga para protestar contra la "competencia desleal" de las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) y reclamar al Consell que, en el nuevo decreto que está preparando, "decida si quiere un taxi regulado con unas tarifas limitadas o un servicio totalmente desregulado que va a multiplicar el precio a los usuarios cuando hay una catástrofe o un evento".

Unos 25 profesionales de Castellón se han sumado a las protestas que desde primera hora de hoy han colapsado varios puntos de la ciudad de València y se han concentrado a las puertas del Palau de la Generalitat, donde los participantes de las tres provincias de la Comunitat han mostrado carteles con mensajes como Sacrifican 8.000 familias para favorecer a los especuladores, Primero eliminan el taxi y luego desangran a los usuarios o RIP Taxi muerto por culpa de la Conselleria. "Si el decreto, tal y como está planteado en estos momentos, sale adelante será nuestro final, la sentencia de muerte del taxi", asegura José Luis Artola, presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón. La provincia cuenta con 235 licencias de taxi, la mayoría en el área de Castelló.

En la provincia la jornada de huelga (acaba a las 6.00 horas de este jueves) se ha desarrollado sin incidentes. Salvo los servicios mínimos, urgencias y traslados hospitalarios, el colectivo ha secundado una protesta que busca visibilizar el malestar del taxi ante la liberalización de las VTC. "Al final quien lo va a pagar es el usuario, ya que va a cambiar un modelo profesional por un servicio totalmente desprofesionalizado, desregulado", describe Artola que asegura que la lucha va a continuar.

Durante la concentración frente al Palau de la Generalitat, el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, ha pedido que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación decida si quiere un transporte profesional prestado por personas que pasan un examen, que pagan impuestos en España, que contribuyen al tejido social, o que elijan un servicio privado cuyo dinero va a ir fuera de España, al bolsillo de cuatro multinacionales".

"Lo que están intentando es legalizar lo ilegal", ha aseverado, para ejemplificar la situación con un símil: "Están intentando conseguir que una frutería venda medicamentos". "Nosotros desde luego no vamos a dejar de luchar porque detrás de nosotros hay más de 8.000 familias en la Comunitat que tienen ahora mismo el futuro incierto ante esta situación", ha añadido.

Por su parte, el conseller Vicente Martínez Mus, ha asegurado que cada parte quiere que prime su interés pero para la Generalitat "prima el interés de los ciudadanos", un transporte público que sea capaz de compatibilizar esos dos tipos. Para ello, ha añadido, se mantienen reuniones con el fin de obtener "una solución que conforme a todos. El próximo encuentro con el sector del taxi tendrá lugar la próxima semana.

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