FAMPA Castelló pide que la Conselleria asuma la decisión sobre la jornada escolar en Castellón para evitar desigualdades

La federación de AMPA rechaza la regulación del cambio de jornada para 2026/2027 y pide que la Conselleria tome la decisión para evitar desigualdades. Por su parte, UGT cuestiona la gestión del procedimiento y reclama más transparencia.

Votación el 3 de marzo en varios centros de Castellón

Varios centros educativos de las comarcas de Castellón están inmersos estos días en el proceso preparatorio de la consulta prevista para el próximo 3 de marzo sobre la modificación de la jornada escolar. En este contexto, FAMPA Castelló vuelve a expresar su “preocupación y desacuerdo” con la regulación del procedimiento establecida en la Resolución de 1 de diciembre de 2025 de la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística, que fija condiciones, pasos y calendario para el curso 2026/2027 en centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Infantil y Primaria.

La federación advierte de que reiniciar los procedimientos de cambio de jornada escolar implica, una vez más, “reabrir enfrentamientos dentro de la comunidad educativa”, con debates que —según señala— “a menudo esconden reivindicaciones laborales y conveniencias personales” y que no sitúan en el centro “la mejora real” de la educación del alumnado.

FAMPA: “Que lo decida la Conselleria” para evitar desigualdades"

Una decisión “homogénea” y basada en el interés general

FAMPA Castelló defiende que la decisión sobre la jornada escolar debería ser asumida directamente por la Conselleria de Educación, y no quedar “exclusivamente” en manos de cada comunidad educativa. A su juicio, este enfoque ayudaría a evitar desigualdades tanto dentro de la escuela pública como entre la pública y la concertada, y permitiría aplicar criterios homogéneos orientados al interés general.

Desde la administración educativa y también desde sindicatos representativos del profesorado se ha argumentado —recuerda FAMPA— que el objetivo del procedimiento es dar voz a las familias para que elijan el tipo de jornada que consideren mejor. Sin embargo, la federación sostiene que faltan estudios rigurosos, datos contrastados e información suficiente para que la decisión se tome “de manera realmente desinteresada” y con una visión global del bienestar del alumnado.

“Estudios pedagógicos sólidos” y planificación a largo plazo

Con el objetivo de facilitar información a las familias, FAMPA Castelló anuncia que continuará con un análisis crítico del proceso, recogiendo las inquietudes de las AMPA federadas y trasladándolas a la administración educativa.

La federación seguirá recogiendo inquietudes y trasladándolas a Educación

La federación insiste en que cualquier cambio en la jornada escolar debería estar avalado por estudios pedagógicos sólidos, criterios de equidad y una planificación educativa a largo plazo, y no por procesos puntuales que —según advierte— generan división e incertidumbre en las comunidades educativas.

FAMPA Castelló reitera además su compromiso con “una escuela pública de calidad, inclusiva y equitativa” y realiza un llamamiento al diálogo y a la responsabilidad institucional para situar el interés del alumnado por encima de cualquier otro condicionante.

UGT cuestiona la gestión del procedimiento de jornada continua

Por su parte, UGT ha cuestionado la gestión del procedimiento por parte de la Conselleria de Educación sobre la jornada continua. El sindicato considera que un proceso que debía fundamentarse en criterios pedagógicos y garantías administrativas ha generado dificultades que han derivado en la denegación de un número elevado de proyectos presentados por comunidades educativas.

UGT defiende que la jornada continua es un modelo organizativo con justificación pedagógica y orientado —según sus defensores— a mejorar la distribución de los tiempos escolares, favorecer la concentración del alumnado y facilitar la conciliación familiar. Añade que los proyectos presentados han sido fruto de procesos participativos con intervención de claustros, consejos escolares y familias.

El sindicato recuerda también que la participación de las familias en la vida escolar está reconocida en el artículo 27 de la Constitución y sostiene que la desestimación de proyectos aprobados por las comunidades educativas puede generar inquietud sobre el alcance efectivo de este principio.

UGT pide explicaciones, transparencia y revisar resoluciones “si procede”

UGT afirma haber recibido quejas de centros por posibles incidencias en la gestión del procedimiento, como comunicaciones fuera de plazo o requerimientos de corrección sin constancia escrita, lo que —según indican— habría dificultado la capacidad de respuesta de algunos equipos directivos.

Además, el sector de Ensenyament de UGT Serveis Públics considera que determinadas denegaciones se han basado en cuestiones formales que, a su juicio, no afectaban al contenido pedagógico de los proyectos. Señalan que algunos centros que cumplían requisitos y contaban con informes favorables han visto rechazadas sus solicitudes, generando malestar en parte de la comunidad educativa.

En este contexto, UGT solicita a la administración educativa explicaciones sobre la gestión del proceso, mayor transparencia en los criterios de valoración y, si procede, la revisión de las resoluciones adoptadas. El sindicato defiende que la organización escolar debe decidirse mediante procedimientos “claros, participativos y con plenas garantías administrativas”.

ANPE critica la norma por injusta

Mientras, el sindicato ANPE ha señalado que se han presentado 76 solicitudes de Jornada Continua, de ellas 32 son las que pasan a la votación (poco más del 40%) en la Comunitat según la Conselleria. ANPE denuncia que se ha impedido la votación a centros con aulas de infantil 2 años que han presentado proyectos con similares características a las de otros centros que están funcionando a día de hoy con jornada continua contando con la aprobación de toda la comunidad educativa.

ANPE ha insistido nuevamente en que se revisen todas las propuestas que han sido denegadas y que se valore la dedicación y el esfuerzo que han hecho los centros, especialmente teniendo en cuenta la rigidez del procedimiento y el poco tiempo con el que han contado para preparar sus proyectos.