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Los usuarios de perros de asistencia en Castelló logran el cambio legal que llevaban años esperando

En los aspectos destacados de la nueva legislación autonómica, se encuentra que decae la obligación de contar con un 33% de discapacidad para acceder a uno de estos animales

Los colectivos de personas invidentes celebran la nueva ley de perros de asistencia

Gabriel Utiel

Iván Fernández

Iván Fernández

Los colectivos de personas invidentes de Castellón han visto como, desde el arranque de este año, han hallado respuesta las mejoras que venían reclamando, desde hace más de una década, en la ley que regular el acceso al entorno de personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia.

Más allá de que la nueva legislación, aprobada por la Generalitat Valenciana a finales de diciembre del pasado año, blinda el derecho al acceso, la circulación y la permanencia del animal en espacios públicos, también amplía las personas que pueden aprovecharse de la ayuda de un animal de asistencia. Es el caso de los perros de alerta médica para enfermos de diabetes o epilepsia, y personas con trastornos del espectro autista (TEA).

Vicente Galiana, presidente de Aspegui, con su perro guía en el Auditori de Castelló.

Vicente Galiana, presidente de Aspegui, con su perro guía en el Auditori de Castelló. / Gabriel Utiel

“Debemos felicitar a las Corts Valencianes porque han aprobado esta nueva ley por unanimidad”, explica Vicente Galiana, el presidente de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana (Aspegui) que también señala que “los canes de asistencia no solo acompañan a personas ciegas, sino a autistas, epilépticos, diabéticos o personas en sillas de ruedas”.

Por eso, celebra que “se haya eliminado la obligación de contar con un 33% de discapacidad para contar con este animal. Ahora solo es necesario tener una enfermedad reconocida”. Así, aunque no haya discapacidad reconocida, un certificado médico bastará para contar con un perro de ayuda.

La figura del jubilado

También destaca Galiana la aparición de la figura de perro de asistencia jubilado. “Ahora podrán seguir trabajando más allá de los 10 años pero, en el momento en el que dejen de hacerlo, no perderá esta categoría.

Antes, cuando llegaban a esa edad, debías meter al animal en una residencia o buscar otra solución, porque ya no podían acompañarte a los lugares al perder su condición de can de acompañamiento”, afirma. Sin embargo, a pesar de finalizar su labor, los perros seguirán contando con los permisos para entrar en los distintos espacios junto a su propietario.

Los perros de asistencia refuerzan sus derecho con la nueva ley autonómica.

Los perros de asistencia refuerzan sus derecho con la nueva ley autonómica. / Gabriel Utiel

Estas modificaciones en la ley se producen después de que, desde Aspegui, lleven más de una década luchando por modificar la anterior legislación. Galiana recuerda que “empezamos con estas peticiones en 2012, cuando empezamos a encontrarnos con problemas de acceso a transportes, comercios o establecimientos hosteleros”.

Desde entonces, trabajaron, mediante campañas y otras actividades, lograron ampliar el conocimiento de la ciudadanía sobre los perros de asistencia y el apoyo a los discapacitados visuales.

Tras la pandemia

La pandemia provocó un frenazo en la labor de Aspegui, pero el colectivo retomó su pelea por cambiar la ley en 2023, cuando solicitaron al Consell y a las Corts la redacción de un nuevo marco legal. “Hemos trabajado mano a mano con la Generalitat y las distintas formaciones políticas”, apunta Galiana que se muestra “muy contento, porque nos han escuchado”.

Dentro de esta remendada legislación, se estipula la creación de un registro autonómico de esta clase de perros que se dividen en cinco tipos, como son guías, de servicio, de señalización de sonidos, de alerta médica y para TEA.

Vicente Galiana sale del Auditorio con su perro de compañía.

Vicente Galiana sale del Auditorio con su perro de compañía. / Gabriel Utiel

Además, se establecen obligaciones clave como tener al perro controlado y con distintivo, así como contar con un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros como mínimo y se crean un nuevo carné y un distintivo oficial.

Aparte, se estipulan requisitos higiénico-sanitarios con revisión veterinaria anual obligatoria. A esto se añaden multas de 100 a 6.000 euros según gravedad a impedir el acceso con el cánido, a la discriminación en el trabajo o al uso fraudulento del distintivo y la definición de unidad de vinculación que describe jurídicamente la pareja formada por persona y animal.

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