La Comisión Europea propone límites máximos de residuos en productos importados, una demanda del sector agrario

La Comisión Europea ha dado un paso que el sector agrario llevaba tiempo reclamando. Bruselas ha incluido una propuesta para fijar un límite máximo de residuos (LMR) en los productos agrícolas importados para determinadas sustancias que no están autorizadas en la Unión Europea.

La medida aparece dentro del paquete legislativo conocido como Food & Feed Omnibus, que introduce cambios en la normativa sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos, regulada por el Reglamento (CE) 396/2005, según ha informado La Unió Llauradora en un comunicado.

Qué supone el llamado 'cero técnico'

Entre las novedades más destacadas figura la aplicación del denominado cero técnico, es decir, el nivel más bajo que un laboratorio puede detectar con fiabilidad para determinadas sustancias no autorizadas en la Unión Europea y consideradas especialmente preocupantes.

En la práctica, esto se traduciría en que, si una materia está prohibida en la UE por motivos de salud o ambientales, su presencia en los productos importados quedaría limitada al mínimo detectable.

Se trata de un cambio relevante porque refuerza una idea que La Unió Llauradora viene defendiendo desde hace años: si una sustancia no puede utilizarse en Europa, tampoco debería servir para producir alimentos que después acaban en el mercado comunitario.

Un avance reclamado por el sector agrario

La evolución normativa, según expone La Unió, no surge de forma aislada. La organización subraya que esta propuesta responde también a la presión del sector agrario europeo y al trabajo desarrollado por entidades profesionales como LA UNIÓ y su organización estatal, Unión de Uniones de Agricultoras y Ganaderos, que han trasladado informes a las instituciones europeas para reclamar la aplicación del principio de reciprocidad en las importaciones agrícolas.

Mismas exigencias dentro y fuera de la UE

El debate de fondo es claro. Mientras las explotaciones europeas deben cumplir normas cada vez más estrictas en materia sanitaria, medioambiental y de seguridad alimentaria, siguen entrando en el mercado comunitario productos agrarios de terceros países cultivados con sustancias fitosanitarias prohibidas en Europa.

Para el sector, esta situación genera un doble impacto. Por una parte, supone una competencia desleal para los productores europeos, que trabajan con menos herramientas y mayores costes. Por otra, abre una incoherencia normativa: lo que se considera demasiado peligroso para agricultores y consumidores europeos puede terminar entrando igualmente a través de las importaciones.

LA UNIÓ insiste en las 'cláusulas espejo'

Desde la organización agraria valoran el movimiento de la Comisión, aunque advierten de que el alcance real dependerá de cómo avance el proceso legislativo y de cómo se aplique finalmente la norma.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, sostiene que “cualquier paso que avance hacia el principio de mismas reglas para todos es una buena noticia, aunque queda mucho camino para recorrer”. En su opinión, la efectividad de esta medida dependerá de hasta dónde lleguen las decisiones finales y de que se convierta en una regla clara y generalizada.

Peris defiende además la aplicación real de las llamadas “cláusulas espejo”, de manera que los productos importados deban respetar los mismos estándares fitosanitarios, medioambientales y de producción que se exigen a los agricultores europeos.

Preocupación en sectores clave

La Unió pone el foco en los efectos que esta situación tiene sobre distintos sectores de la agricultura valenciana. Los productores de cítricos, arroz, miel, uva de mesa, almendras, frutas y hortalizas han visto aumentar en los últimos años las restricciones sobre los fitosanitarios autorizados, en muchos casos sin alternativas eficaces disponibles.

Al mismo tiempo, el mercado europeo continúa recibiendo productos cultivados con materias activas que los agricultores europeos no pueden usar. A juicio de la organización, este escenario genera un desequilibrio competitivo que compromete la viabilidad de muchas explotaciones agrarias.

Peris resume esa preocupación con una idea central: no se puede exigir cada vez más a los agricultores europeos mientras el mercado sigue abierto a productos producidos con normas mucho menos estrictas. Y añade que, si Europa quiere una agricultura sostenible, también debe garantizar condiciones de competencia justas.

Más controles en frontera y en origen

Junto a la modificación normativa, La Unió considera imprescindible reforzar los sistemas de vigilancia. La organización reclama aumentar los controles en frontera hasta el 50%, actuar también en origen, mejorar los mecanismos de inspección y exigir certificados de uso de materias activas durante el proceso de producción.

El debate de fondo

La discusión no se limita solo a los residuos detectados en los alimentos importados. También afecta al modelo de competencia dentro del mercado comunitario y al principio de que las mismas reglas deben aplicarse a todos los productos, con independencia de su país de origen.

Un paso, pero no el definitivo

La propuesta de la Comisión Europea supone un avance en una reivindicación histórica del sector agrario, pero las organizaciones insisten en que la clave estará en su aplicación práctica y en que no quede reducida a un cambio limitado.

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