Los agricultores de Castellón estallan contra la inminente entrada en vigor del acuerdo con Mercosur: "Es una traición"

Ya hay fecha oficial. El acuerdo de libre comercio negociado entre la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) entrará en vigor de forma provisional el próximo 1 de mayo, después de que los cuatro socios del Cono Sur hayan cumplido su proceso interno de ratificación y, con ello, Bruselas haya optado por activar su aplicación interina mientras el bloque completa el proceso definitivo, que requiere del visto bueno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete.

"Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave", ha dicho este lunes el comisario de comercio de la UE, Maros Sefcovic, que ha añadido que la prioridad, es convertir el acuerdo "en resultados concretos", asegurando que "la aplicación provisional nos permitirá comenzar a cumplir esa promesa". 

La decisión de Bruselas de marcar en el calendario la fecha de la puesta en marcha del pacto con Mercosur ha caído como un jarro de agua fría en el sector agrario y ganadero de Castellón, la actividad más afectada por el acuerdo. "Lo que ha hecho la Comisión es traicionar al sector agrario imponiendo un acuerdo sin acuerdo con el campo, sin reciprocidad y sin mecanismos eficaces de reequilibrio en caso de crisis de mercado”, ha asegurado Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

Aguado critica que Bruselas ha tomado esta decisión “saltando por encima de la voluntad democrática del Parlamento Europeo, que votó mayoritariamente a que no saliera adelante hasta que el TJUE evaluara si respeta los tratados comunitarios". "Es una pérdida de ética de la Comisión, un ninguneo y una ofensa al sector agrario, con el que, sabiendo que está en contra, en lugar de buscar un punto de encuentro, ha mantenido un conflicto negativo para los productores y los consumidores. Europa es hoy menos Europa" ha sentenciado.

Pese a que la Comisión Europea, en un intento por calmar los ánimos de los agricultores que en los últimos meses han salido a la calle para rechazar el acuerdo, aprobó a principios de este mismo mes unas cláusulas de salvaguarda para proteger al sector, el campo está convencido de que las consecuencias serán nefastas, sobre todo, para los cítricos y la ganadería. "La entrada en vigor del acuerdo el 1 de mayo es, sin duda, una noticia negativa y progresivamente iremos viendo cuál es el impacto del acuerdo, aunque seguro que derivará en una competencia desleal", ha subrayado Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera.

Salvaguardas "insuficientes"

Entre las medidas previstas por la UE, está la de iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles, como cítricos, carne de vacuno, ave o huevos, aumentan un 5% sobre la media de tres años (frente al 10% anual propuesto inicialmente por la Comisión) y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5% por debajo del precio en la UE. Los agricultores consideran estas cláusulas "insuficientes” e insisten en que "la mejor garantía para proteger al sector primario europeo es introducir medidas que establezcan la reciprocidad, es decir, que las importaciones de países terceros cumplan las mismas exigencias que los productos europeos, y la complementariedad con la producción europea.

Pero no todos ven el vaso medio vacío. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha celebrado la entrada en vigor del acuerdo comercial y ha defendido que "los productos más sensibles" estarán protegidos, al tiempo que ha calificado el pacto como una "gran oportunidad" y una "buena noticia" para España. "Estamos en condiciones de decir que no solo podemos abrir nuevos mercados, sino que nuestros productos más sensibles están protegidos", ha insistido.

A pesar de que la activación del acuerdo es inminente, en Europa el texto requiere el respaldo tanto del Consejo (donde están representados los 27 países de la UE) como del Parlamento Europeo. Sin embargo, este procedimiento está paralizado. La Eurocámara decidió el pasado mes de enero enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE, al cuestionar la legalidad del mismo. La decisión de la justicia europea podría llevar meses y dar al traste con el tratado de libre comercio si estima que este viola el derecho comunitario. 

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