Frente común en la Diputación en defensa del sector pesquero de Castellón

Frente común en la Diputación de Castellón en defensa del sector pesquero de la provincia. La corporación provincial se ha unido este martes, en el pleno ordinario de marzo, para sacar adelante una declaración institucional que reclama ayudas y equilibrio en la aplicación de acuerdos como Mercosur.

El acuerdo, respaldado por PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox, mantiene que la pesca "es una actividad económica, social y cultural esencial para numerosas localidades del litoral de la provincia", en especial en localidades como Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Castelló y Burriana. No obstante, añade, el sector "atraviesa un momento especialmente complejo marcado por el incremento de los costes operativos, la incertidumbre económica y los retos derivados de la sostenibilidad de los recursos marinos".

Pérdida de ingresos

El documento incide, en especial, en el impacto de las paradas biológicas, que aunque son "necesarias", conllevan "una pérdida de ingresos, por lo que las ayudas públicas son fundamentales para mantener la viabilidad económica del sector".

Ante esto, la Diputación insta a la Generalitat a publicar "con carácter urgente" la convocatoria de ayudas del 2025 para compensar a las embarcaciones por estas paradas, también a garantizar la dotación presupuestaria suficiente, evitar retrasos y estudiar pagos avanzados para reforzar la liquidez del sector.

Asimismo, la institución provincial reafirma su apoyo al sector y defiende, en el marco de la Unión Europea, una aplicación equilibrada con los países del Mercosur, mientras pide también que los productos pesqueros importados cumplan estrictamente la normativa comunitaria. Por último, solicita al Gobierno establecer de forma inmediata mecanismos de reducción del coste del combustible para la flota.

Apoyo a la conciliación familiar

La unanimidad también ha estado presente en la sesión a la hora de sacar adelante las bases de las ayudas a ayuntamientos de municipios de menos de 1.500 habitantes para prestar el servicio de la Unidad de Conciliación Familiar, cuyo objetivo central es el de "conciliar el trabajo y la vida familiar", según ha explicado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, quien ha remarcado que este año se ha incrementado en 477.700 euros el presupuesto, se reduce el mínimo de niños de tres a uno "para que ninguna localidad pueda quedar excluida" y se prevé que se incorporen dos nuevas dotaciones.

El consenso ha surgido de nuevo para dar luz verde a la modificación del reglamento de la gestión técnica de alumbrado público a los ayuntamientos, que se extenderá a las localidades de menos de 1.000 habitantes tras ejecutar intervenciones encaminadas a mejorar la eficiencia en el 100% de las poblaciones de menos de 500 vecinos de la provincia.

Por el pleno han pasado las diferentes daciones de cuenta correspondientes a la liquidación del presupuesto del 2025 de la Diputación y sus organismos autónomos y que dejan un remanente en la institución provincial, como aseguró hace unos días la vicepresidenta María Ángeles Pallarés, superior a los 90 millones de euros.

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