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Educación

Los alumnos de instituto perderán hasta tres horas semanales de clase para reforzar con nativos el oral de inglés

Los directores alertan de la "brecha social" porque hay familias que no pueden pagar academias privadas

Una alumna escribiendo en una pizarra durante una clase de inglés.

Una alumna escribiendo en una pizarra durante una clase de inglés. / INFORMACIÓN

Los institutos perderán un total de 16 horas semanales de trabajo con los auxiliares de conversación de inglés, tras cancelar la Conselleria de Educación el programa por la falta de coordinación con el Gobierno central, que es el que capitanea el programa en las comunidades autónomas.

Según la Asociación de Directores de Secundaria (Adies-PV), el despido de 1.400 profesionales, a partir del próximo curso, implica que los alumnos dejen de contar con la atención directa de estos profesores nativos de tres a una hora a la semana, mientras que también dejarán de prestar otras 13 horas de servicio para la planificación, elaboración del material, coordinaciones con tutores y formaciones de profesores.

En la práctica, los estudiantes no perderán horas de clase, porque los docentes actualmente enseñan junto con el auxiliar. "Pierden aprendizajes de comunicación oral, fundamentales para abrirse más oportunidades de cara al futuro. La parte de comunicación oral en lengua extranjera es un punto débil a mejorar y con este recurso se mejora significativamente", explica el presidente de la asociación, Toni González Picornell.

El colectivo de responsables educativos, que representa a 180 institutos de la Comunidad, ha alertado de que la pérdida de estos perfiles de auxiliares de conversación "supone un ataque frontal al sistema educativo". Según los directores, la supresión de estos programas para reforzar el oral se traducirá en un "retroceso en la calidad pedagógica, porque el alumnado se queda sin el único contacto nativo y práctico con la lengua extranjera dentro del horario lectivo".

Además, han advertido que habrá una "ruptura de la igualdad de oportunidades, porque se profundiza la brecha social, puesto que solo las familias que pueden pagar academias privadas mantendrán este refuerzo lingüístico".

Igualmente, vaticinan un "caos organizativo en los centros, porque las programaciones docentes, diseñadas contando con este recurso, quedan desmanteladas" y, por último, apuntan a un "desprestigio internacional".

El Gobierno busca una solución

La consellera de Educación, Carmen Ortí, dio a conocer esta semana la cancelación de este programa por "las trabas administrativas y a la falta de coordinación del Gobierno central". El departamento autonómico ya advirtió hace un mes del "peligro" que corría la iniciativa porque la Administración central no estaba pagando las cuotas de la Seguridad Social. Según su responsable, la Generalitat ha tenido que afrontar cerca de 19 millones de euros por esta iniciativa y ha culpado al Estado del "caos" que va a generar en la enseñanza al tener que cancelar el refuerzo oral.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación han asegurado a INFORMACIÓN que están trabajando con el Ministerio de Trabajo para "reconfigurar el programa y dotarlo de mayor seguridad jurídica en el nuevo contexto de la normativa española sobre movilidad estudiantil y profesional en la Unión Europea".

El Ministerio de Educación trabaja en reconfigurar el programa y dotarlo de mayor seguridad jurídica

Esta iniciativa, implantada con el Botànic, permite la movilidad de auxiliares españoles al extranjero y de auxiliares internacionales a España, todos ellos con visado de estudiante, según explicó la conselleria. En el caso de la Comunidad, la financiación contempla exclusivamente una ayuda mensual de 1.000 euros para manutención y alojamiento, así como cobertura sanitaria —cuando no se dispone de tarjeta sanitaria europea— y un seguro de responsabilidad civil y repatriación, tal y como ha explicado el departamento autonómico.

La conselleria se escuda en que ha cumplido "estrictamente las condiciones establecidas en los convenios, que no incluyen la obligación de cotizar a la Seguridad Social". No obstante, asegura que la Inspección de Trabajo ha emitido tres actas de liquidación por un importe total de 3,7 millones de euros en cotizaciones desde abril de 2021, al considerar a los auxiliares como personal laboral. Además, ha informado, ahora una vez ha cancelado el programa, de que se ha impuesto una sanción de 7.501 euros por cada auxiliar extracomunitario sin permiso de trabajo, lo que eleva el importe total de las multas a 15 millones de euros.

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