Aviso de la Diputación de Castellón: se hacen pasar por la presidenta en un intento de estafa

La Diputación Provincial de Castellón ha informado hoy en un comunicado oficial de última hora de "un intento de estafa mediante la suplantación de la identidad de la presidenta, Marta Barrachina, a través de mensajes enviados por correo electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp".

Al respecto, desde la institución provincial han explicado que, tan pronto ha tenido conocimiento de este incidente, se ha procedido a presentar la correspondiente denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón.

Difusión para que nadie caiga en la estafa

El siguiente paso ha sido emitir un comunicado como advertencia para que "cualquier persona que haya recibido mensajes de este tipo y que pudiera haber sido perjudicada, así como para aquellas otras que puedan recibirlos en el futuro".

Además, desde la institución han dado parte de que "se están tomando todas las medidas necesarias para mitigar este riesgo".

Un e-mail de contacto para los posibles afectados

La Diputación informa de que, si reciben un correo electrónico o mensaje a través del teléfono móvil en nombre de la presidenta que pueda ser sospechoso, por favor, comuníquenlo de inmediato al siguiente correo electrónico: sugerencias@dipcas.es

Asimismo, fuentes de la Diputación han señalado que por ahora no se pueden dar más detalles sobre el contenido del mensaje o cómo se ha detectado este intento de fraude. El phishing o suplantación de identidad es un delito habitual como se da parte en los balances del Incibe. El phishing es una técnica de ciberdelincuencia basada en la ingeniería social, donde los atacantes suplantan a entidades de confianza (bancos, redes sociales, empresas) a través de correos, SMS o llamadas para engañar a los usuarios. Su objetivo es robar datos sensibles, credenciales de inicio de sesión o realizar fraudes económicos.

Con todo, hace unos años, en el 2021, la Diputación de Castellón ya denunció la suplantación de identidad de funcionarios para sustraer información bancaria de proveedores. En este año, desde el organismo han descartado que es un caso "distinto" y no está detrás el factor de los datos bancarios.

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