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El caso de Noelia Castillo reaviva el debate sobre el derecho a la vida y la muerte digna en Castellón

La Asociación Derecho a Morir Dignamente y ProVida Castellón enfrentan sus posiciones ante la eutanasia de la joven barcelonesa

Una de las manifestantes contra la eutanasia de Noelia Castillo, este jueves frente al Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes.

Una de las manifestantes contra la eutanasia de Noelia Castillo, este jueves frente al Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. / Europa Press

Castellón

La aplicación de la eutanasia este jueves a la joven barcelonesa Noelia Castillo, después de casi dos años de batalla legal contra su padre, ha enfrentado a dos posturas diametralmente opuestas sobre cómo afrontar el derecho a una muerte digna.

Por un lado, desde agrupaciones y colectivos defensores de la libertad a decidir, se ha criticado que se haya alargado de manera innecesaria el sufrimiento de Noelia y han reivindicado la autonomía para decidir si se quiere poner fin a la propia vida. En cambio, desde posiciones de defensa a la vida, alertan del peligro de que el Estado cuente con esta potestad y hablan de “la percepción subjetiva sobre el sufrimiento” y reclama más inversión para desarrollar una ley de cuidados paliativos.

Muerte digna: A favor de la eutanasia

Desde la presidencia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la Comunitat Valenciana, María José Alemany trabaja para dar a conocer qué derechos existen al final de la vida, así como para asesorar sobre el testamento vital o la eutanasia y cómo actuar si existe vulneración de derechos. Alemany señala que, en el caso de Noelia Castillo, “se ha prolongado sin necesidad el sufrimiento de esta persona durante más de 600 días”.

“Desde el momento en que se aprueba la ley, en junio de 2021, se establecen las condiciones para poder aplicar la eutanasia. Para ello, es necesario ser mayor de edad, tener una enfermedad grave e irreversible o padecer un sufrimiento insoportable por la situación en la que se encuentra la persona en cuestión. En el caso de Noelia Castillo, cumplía desde el principio los requisitos”, afirma la presidenta de DMD-CV.

María José Alemany, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana.

María José Alemany, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana. / Mediterráneo

Además, añade que “aunque sea una persona que te quiere mucho, no debe poder rebatirse la decisión personal de alguien que quiere morir. Pero todo esto ha venido de la mano de un grupo de mala gente sobre algo que se ha establecido como una ley orgánica. Esta situación se ha extendido más de 600 días, sin que les importara el sufrimiento de Noelia”.

Para Alemany, “habría que dar la información adecuada e impartir más formación para los profesionales sanitarios”. “Al final, sucederá igual que con los cuidados paliativos y se incluirá formación en eutanasia a los sanitarios para que conozcan las fases y cómo aplicarla”.

La máxima responsable recalca que “si se necesita apoyo espiritual, se puede solicitar, pero no dentro del sistema sanitario. El apoyo psicológico se debe ofrecer para acompañar, porque nadie debe cambiar la opinión de quien solicita la eutanasia. Pero sí debe haber un profesional que acompañe a la persona para lidiar con la ansiedad y con todo lo que implica la decisión”.

María José Alemany afirma que, en la Comunitat Valenciana, “la ley podemos decir que funciona moderadamente bien”, aunque reclama más información para poder tomar la decisión y recalca que “considero que hay que respetar la decisión, si no se encuentra sentido a la vida ante un sufrimiento insoportable. Somos los dueños de nuestra propia vida”.

Derecho a una vida digna: En contra de la eutanasia

Jesús Grao, miembro de la junta directiva de Provida Castellón, reflexiona sobre la eutanasia aplicada a Noelia: "Es trágico y peligroso que el Estado tenga esta potestad". Bajo su prisma, la percepción sobre el sufrimiento es subjetiva. "Tal vez se necesite invertir muchos más recursos para ayudar física, psicológica, social y espiritualmente a esas personas". Y afirma que en este caso ha fallado el Gobierno y la sociedad.

Jesús Grao, miembro de la directiva de Provida Castellón.

Jesús Grao, miembro de la directiva de Provida Castellón. / Mediterráneo

  1. A su juicio, nada justifica el suicidio. Ya sea este asistido, que en España es ilegal, ni que el estado proporcione la muerte a petición de un paciente. "Dicen que la decisión es de la persona, pero hay comités que lo pueden negar, o sea que es el Estado quien determina quién sí y quién no", apunta.
  2. Además, contrariamente a la idea de que es una muerte plácida y rápida, nadie puede asegurar que sea siempre así: "Lo que se hace es disminuir la conciencia y administrar un cóctel mortal de medicamentos que producirán la asfixia de la persona; pueden producirse espasmos, respiración agónica, vómitos, reacción y el proceso puede variar según la persona, desde los 5 minutos hasta los 60 minutos".
  3. Reivindica ayudar física, psicológica, social y espitirualmente a estas personas. Lamenta que no exista una ley nacional de cuidados paliativos, que debería abarcar desde el momento del diagnóstico de una enfermedad grave y ser multidisciplinar atendiendo la faceta psicológica, física, social y espiritual y proporcionando calidad de vida digna. Admite que cuesta mucho más dinero que una eutanasia, pero "Merecemos que nos cuiden y no escatimen en gastos". Por la misma razón defiende la dotación económica para la ley de ELA y recuerda a Jordi Sabater, quien dijo una vez que amigos suyos con ELA pidieron la eutanasia, no por desear la muerte, sino por no poder costearse seguir viviendo". 
  4. Apunta que "ha fallado la ley que nos decían que era garantista": "Se vendió como que era para casos terminales extremos, no para enfermos mentales, ni sufrimiento psicológico, ni discapacitados", dice, recordando que el deseo que tenía Noelia de morir "puede no ser más que un síntoma de la propia enfermedad mental de base de una chica que está diagnosticada de trastorno límite de la personalidad (TLP), uno de cuyos síntomas es la tendencia suicida".
  5. También, señala, ha fallado el Estado, puesto que la joven sufrió una violación grupal mientras permanecía bajo la tutela del Estado, que no se le trató su enfermedad mental. En ese sentido, se pregunta si este pagará su negligencia.
  6. Pone otro caso similar de una eutanasia por depresión en Bélgica que el tribunal de Estrasburgo declaró ilegal después de matar a la mujer. Estaríamos ante un caso de asesinato de Estado. ¿Quién pagará de ser así?
  7. Pide un debate más sosegado. Apunta que "el problema es que no se debate, se pelea y se grita; se da información sesgada de forma interesada y no se profundiza suficiente", apelando a una reflexión con responsabilidad.
  8. Bajo su punto de vista: "Podemos ver casos de enfermos graves, terminales, con enfermedades degenerativas u otras en las que ese sufrimiento no les impide ser felices y querer seguir viviendo; sin embargo, para otras personas es lo contrario. No es lo que nos pasa, sino cómo lo afrontamos, lo que nos hace valorar unas opciones u otras. Nadie está menos capacitado que otro, solo que tal vez se necesite invertir muchos más recursos para ayudar física, psicológica, social y espiritualmente a esas personas", asevera.

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