UGT denuncia la privatización de dos centros de menores en Castellón

UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado la privatización de dos centros de menores de Castellón dentro del plan de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia para traspasar a manos privadas la gestión de al menos siete recursos de la Comunitat Valenciana. Según el sindicato, la medida implicará el desplazamiento de personal público a otras unidades y puede suponer una merma en la calidad asistencial de los centros.

La organización sindical sostiene que esta decisión marca un cambio de rumbo en el modelo de gestión de los centros de menores de la Generalitat, que pasarían de un sistema mixto a una gestión integral privada, con la consiguiente desaparición de plantilla pública en estos espacios.

UGT pidió explicaciones a la Conselleria

UGT dirigió el pasado mes un escrito a la Conselleria de Servicios Sociales para reclamar información detallada tras tener conocimiento de actuaciones encaminadas a trasladar, modificar o reasignar más de 70 puestos de trabajo de distintas categorías profesionales adscritas a varios centros de menores de València.

Entre los puestos afectados figuran perfiles de auxiliar de mantenimiento, cocina, dirección de centro, personal subalterno, vigilancia, educación social y taller. Según denuncia el sindicato, la Conselleria contactó de forma individual con empleados públicos de varios centros para recabar su conformidad ante posibles cambios de adscripción, en un proceso que, según UGT, se estaba desarrollando al margen de las organizaciones sindicales.

Estos centros, aunque de titularidad pública, cuentan en la actualidad con algunos servicios externalizados, como tareas organizativas, asistencia y seguimiento educativo, pero no funcionan bajo una gestión integral privada, ya que conviven en ellos personal público y privado.

Dos centros de Castellón, entre los afectados

A raíz de esta denuncia, UGT fue convocada a una reunión el pasado 1 de abril, en la que la Conselleria confirmó que cinco centros de menores de la provincia de Valencia y dos de la de Castellón pasarán a ser gestionados por entidades privadas.

En el caso de Valencia, los centros señalados por el sindicato son los de acogida de Campanar, Xiquets y Xics, la Colònia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal y la Residencia Juvenil Mislata II.

Según expone la organización, el proceso de privatización se encuentra ya muy avanzado, ya que se están ultimando los pliegos de condiciones para su licitación y posterior adjudicación. En el caso del centro Xiquets, añade, el personal público ya ha sido reubicado.

Alrededor de 80 trabajadores públicos serán trasladados

De acuerdo con las estimaciones del sindicato, unos 80 trabajadores y trabajadoras públicas, incluidos puestos de dirección, serán trasladados, de manera que en estos centros ya no quedará plantilla pública.

Durante la reunión, la Conselleria se comprometió con las organizaciones sindicales a informarles sobre la reubicación de efectivos una vez se vayan aprobando los pliegos. Además, la Administración mantiene, según UGT, que no habrá amortización de puestos de trabajo.

“Se vacían servicios públicos para entregar su gestión a terceros”

UGT considera que estas actuaciones de reubicación de personal exceden las potestades de autoorganización de la Administración y denuncia que el Consell las utiliza para vaciar servicios públicos y entregar su gestión a terceros.

El sindicato teme que este nuevo modelo rebaje las garantías y los mecanismos de supervisión que ofrece la gestión pública. En este sentido, advierte de que, en el ámbito de la infancia tutelada, cualquier reducción del control público puede tener consecuencias graves sobre los derechos y la protección de los menores.

UGT rechaza el cambio de modelo

La central sindical muestra así su rechazo al cambio de modelo al considerar que implica menos control público y más opacidad en un ámbito en el que, a su juicio, las garantías deberían reforzarse.

“La lógica del beneficio y del recorte de costes empuja a plantillas más precarias, mayor rotación y menos recursos educativos y terapéuticos, lo que deteriora la calidad y la continuidad de la atención a los niños y niñas tutelados”, afirma Paco Chapa, responsable de servicios sociales públicos del sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics PV.

Además, el sindicato sostiene que esta privatización desvía recursos públicos hacia empresas privadas y favorece una red de centros con estándares desiguales y responsabilidades difusas, lo que, en su opinión, debilita el compromiso directo de la Administración con la protección de la infancia y los menores.