Colapso en las asesorías de Castellón: tienen que rehacer 20.000 nóminas por el retraso del Gobierno en publicar la orden de cotizaciones

Los 334 graduados sociales de Castellón se encuentran al borde de un ataque de nervios. También los abogados laboralistas y los gestores administrativos. Y todo por la decisión del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de publicar, el pasado 30 de marzo y en plena Semana Santa, la orden con las nuevas bases mínimas y máximas de cotización, lo que está obligando a recalcular a toda prisa miles de nóminas de trabajadores para volverlas a remitir a las empresas. "Es una locura. Estamos trabajando a contrarreloj y, encima, nos encontramos en plena campaña de declaraciones trimestrales y en el arranque de la campaña de la renta", describe Amparo Mañez, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón.

Hasta hace unos años, las bases máximas y mínimas de cotización se publicaban en la ley de Presupuestos Generales del Estado, generalmente en el mes de diciembre, lo que permitía empezar cada ejercicio teniendo claras las reglas del juego. Pero desde el 2022 la situación ha ido claramente a peor y, al no haber cuentas anuales, el Gobierno se ha visto obligado a establecer las bases por decreto. Este 2026, además, la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), cuya cuantía es el paso previo necesario para establecer la orden de cotización, no se produjo hasta mitad de febrero, lo que ha agravado todavía más el problema. "Todo esto ha generado una situación de inseguridad jurídica que afecta directamente a empresas, personas trabajadoras y profesionales del ámbito laboral", argumenta Manez que denuncia la "profunda preocupación" del colectivo por la situación generada.

En Castellón, los graduados sociales se están viendo obligados a recalcular unas 20.000 nóminas de trabajadores, la inmensa mayoría asalariados de pequeñas y mediadas empresas. "La Tesorería General de la Seguridad Social ha anunciado la realización de oficio de rectificaciones de cotización correspondientes a los meses de enero y febrero, pero no las de marzo que son las que nos va a tocar reformular a nosotros", asegura. El colectivo reclama que esta actuación se extienda igualmente al mes de marzo, con el fin de mitigar, en la medida de lo posible, los perjuicios ocasionados.

Cambio en la forma de legislar

Además de generar un caos en las asesorías y los despachos laboralistas, la decisión del Gobierno de publicar la orden el 31 de marzo puede suponer un problema para las empresas y trabajadores. "Se puede dar la circunstancia de que, al aumentar la retención y recalcular la nómina, el trabajador tenga de devolver algo de dinero a la empresa", avisa la presidenta de los graduados sociales

Con el objetivo de que el caos no vuelta a repetirse y evitar así otro mes de abril de infarto, los graduados sociales reclaman "un cambio en la forma de legislar". "Pedimos un compromiso firme por parte de las administraciones competentes y de los agentes sociales para que, en el mes de diciembre de cada año, queden publicadas tanto la normativa reguladora del SMI como la correspondiente orden de cotización", explican .

En caso de que la situación política actual impida la adopción de dicho compromiso, los graduados sociales proponen como solución alternativa la eliminación del carácter retroactivo de estas disposiciones, de modo que su entrada en vigor se produzca el día 1 del mes siguiente a su publicación en el BOE. "Confiamos en que nuestras demandas sean atendidas en aras de garantizar la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y el correcto funcionamiento del sistema laboral y de Seguridad Social", añade Mañez.

Suscríbete para seguir leyendo