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La okupación da un respiro en Castellón: los casos bajan a su mínimo de los últimos cinco años

El número de denuncias por allanamiento y usurpación desciende de 302 en 2022 a los 177 del pasado año

Los propietarios toman toda clase de medidas para evitar las okupaciones.

Los propietarios toman toda clase de medidas para evitar las okupaciones. / Mediterráneo

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Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

La okupación de viviendas en Castellón ha sido una de las principales preocupaciones de los castellonenses en los últimos años. Este fenómeno, sobre todo desde la pandemia de covid19, se disparó en la provincia llegando a alcanzar los 302 casos en 2022, dato que marca el punto álgido en Castellón desde que el Ministerio del Interior ofrece registros.

Sin embargo, el cierre de 2025 muestra una tendencia a la baja en el número de denuncias, ya que la cifra es la más baja en el último lustro. Las estadísticas de Interior registran 177 casos de allanamiento y usurpación, el número más bajo desde que 2020 cerrara con 134 hechos de esta naturaleza.

Esto significa que los casos conocidos por la Guardia Civil, la Policía Nacional o las distintas policías locales ha caído un 21%, si se compara con el dato de 2021, en el que se notificaron 224. Es decir, ha bajado casi una cuarta parte desde ese año.

Descenso del 13% en un año

Además, estos datos suponen una bajada del 13,2% en un solo año, ya que 2024 registró 204 situaciones de esta clase. Aparte, se rompe con la tendencia al alza que dejó ese año, después de que en 2023 los casos denunciados fueran 193, casi 109 menos que en 2022.

Gráfico que muestra las denuncias por ocupación en la provincia de Castellón.

Una situación similar se repite con los datos referentes a detenidos e investigados por okupación, aunque la cifra supera los números de 2023, en el que fueron 39 las personas en esta situación. Castellón notificó el pasado año 43 detenidos e investigados por casos de okupación, 14 personas menos que en 2024, cuando el número llegó a 57, el dato más alto de la serie del Ministerio del Interior.

El problema de la okupación en la provincia de Castellón se disparó especialmente a partir de 2020, con la explosión de la pandemia de covid19 como principal impulso a este incremento. Así, mientras en años anteriores no se superaban el centenar de denuncias por estos delitos, en 2020 ya fueron 143 y se dispararon en los años sucesivos.

Vigilancia policial

Sin embargo, ahora una combinación de factores explican este descenso. Por un lado, se encuentra la intensificación de la vigilancia policial. Por ejemplo, la Policía Local de Castelló informó, durante 2025, haber frenado 23 okupaciones.

También se ha fortalecido la colaboración vecinal, que ha permitido una detección más rápida de los intentos de entrada en viviendas. Además, las reformas han tenido un efecto disuasorio y los protocolos agilizan la respuesta judicial. Cabe destacar que, desde 2020, existen criterios de Fiscalía para solicitar medidas cautelares de desalojo y restitución del inmueble en casos de allanamiento y usurpación cuando concurran los requisitos jurídicos.

La Comunitat Valenciana, a la cabeza

El descenso de casos de okupación en Castellón no se corresponde con la tendencia en el ámbito autonómico. El número de denuncias por allanamientos y usurpaciones aumentó en 2025 hasta alcanzar las 1.805. Por segundo año consecutiva crece esta estadísticas que, en 2023, descendió hasta las 1.640 okupaciones. De hecho, la Comunitat Valenciana aparece como la tercera región español con más casos, solo por detrás de Catalunya (5.913) y Andalucía (1.909) y supera a Madrid (1.269).

A nivel provincial, si bien son Barcelona (4.403) y Madrid (1.269) las que encabezan el listado, Valencia y Alicante aparecen en tercera y cuarta plaza respectivamente con 856 y 772 denuncias en cada caso. Por su parte, la provincia de Castellón se sitúa en la vigésimo primera plaza y destaca que supera a otras zonas con más población como sucede con Gipuzkoa o Badajoz o incluso con Asturias donde, a pesar de superar el millón de habitantes, las denuncias por okupación fueron 139 en 2025.

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