Mercado inmobiliario
Castellón y la crisis de la vivienda: diez años de 'sequía' en obra protegida
La provincia apenas concluye la construcción de 198 inmuebles asequibles desde el 2015
La mayoría de proyectos anunciados está pendiente de materializarse y los sobrecostes rebajan el interés del sector

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Gabriel Utiel

Castellón sufre las dificultades de acceso a la vivienda derivadas de la escasa oferta, la alta demanda y los disparados precios. El desarrollo de inmuebles protegidos se erige como una llave para paliar este déficit y ofrecer opciones más asequibles a las familias. O al menos en la teoría, ya que a la práctica la provincia arrastra una década de sequía de construcción de vivienda protegida y espera aún a que se materialicen los distintos proyectos anunciados.
Entre 2015 y 2025, los últimos datos publicados por el registro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, apenas se han concluido 198 inmuebles protegidos en suelo castellonense, en base a las calificaciones definitivas concedidas. De hecho, las anualidades del 2015, 2016, 2018, 2023, 2024 y 2025 se encuentran completamente a cero. El registro más elevado apenas contabiliza 59 viviendas protegidas entregadas a sus propietarios, en los años 2020 y 2021. Para hacerse una idea de lo reducido del montante global, solo en el 2011 se finalizaron 289 domicilios o 365 en el 2009, poco después del estallido de la conocida como crisis del ladrillo.
Estos datos contrastan frontalmente con la necesidad de vivienda en la provincia. Como ya recogió este diario, según un informe de CaixaBank Research, sería necesario producir 8.700 inmuebles cada año durante los próximos cinco para cubrir el déficit vigente, que se agrava cada vez más por la creación de nuevos hogares.
Aún habrá que esperar
Es cierto que, tanto desde la administración pública como desde el sector privado, se trataba de empujar para dejar atrás esta sequía de vivienda pública, si bien todavía habrá que esperar para que los futuros propietarios disfruten de estos inmuebles.
La Generalitat, a través del plan Vive, promueve nuevas viviendas de protección pública, en puntos como el barrio de Sensal de la capital de la Plana, donde hay más de un centenar previstas. También el Ayuntamiento de Castelló persigue el desarrollo de más suelo en esta zona para sumar otros 393 inmuebles de este tipo. Y a ello se suma la apuesta de promotores privados, como el grupo de Marina d’Or Construcciones, que sí que avanzan más rápido y podrían ver la luz este año.
Sin embargo, el complejo contexto internacional y su impacto sobre la economía y los costes está suponiendo un lastre para el despegue de la vivienda protegida. «Gente que estaba pensando en desarrollar vivienda protegida se ha quedado a la espera», confirma el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, quien apunta, entre los motivos de este freno, a «la incertidumbre con el conflicto bélico y, sobre todo, los precios de los materiales que están fluctuando al alca, además de los tipos de interés que también suben».
«Es complicado sacar vivienda protegida en algunas localidades con el precio fijado, según las condiciones del código técnico o una mano de obra que cada vez es más difícil encontrar», añade Ruiz.
Subastas desiertas
De hecho, la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), organismo dependiente de la Generalitat, declaró recientemente desiertos dos procesos de subasta de dos parcelas en Benicarló y otras dos en Vinaròs con el fin de destinarlas a construir viviendas de protección pública al no haberse presentado ninguna empresa.
¿Una opción más barata?
Las viviendas de protección pública, en principio, resultan una opción más asequible para cumplir con su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las familias. Sin embargo, el contexto de precios desorbitados lleva a que estos momentos se esté fijando el importe de una VPP en puntos como la capital de la Plana por encima de los 200.000 euros para un inmueble de dos habitaciones, con garaje y trastero. Una cuantía que dificulta el acceso de muchas familias, más aún ante el capital previo exigido para poder acceder a un préstamos hipotecario.
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