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El nuevo escudo contra el acoso laboral para las más de 3.500 empleadas del hogar de Castellón

Las trabajadoras domésticas cuentan con una herramienta, elaborada por el Ministerio de Trabajo, para denunciar de abusos en el entorno laboral

Las empleadas del hogar de Castellón cuentan con una guía para denunciar situaciones de acoso.

Las empleadas del hogar de Castellón cuentan con una guía para denunciar situaciones de acoso. / Mediterráneo

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Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

El mes de mayo concluyó en la provincia de Castelló con 3.545 empleadas del hogar afiliadas a la Seguridad Social. Un colectivo que se enfrenta a condiciones habitualmente precarias y situaciones que pueden derivar en episodios de violencia o acoso laboral. Desde hace una semana, estas trabajadoras cuentan con una herramienta para protegerse ante esta clase de situaciones.

El Ministerio de Trabajo ha publicado un protocolo de actuación en el servicio del hogar familiar, junto a una guía técnica para la prevención de riesgos laborales. A pesar de esta buena noticia, son recursos que llegan con retraso porque, desde Trabajo, se había prometido que este documento estaría disponible en septiembre de 2025.

A través de este documento, las trabajadoras del hogar familiar de Castellón, con independencia del tipo de contrato, la duración de la relación laboral o si prestan servicio como internas o externas, podrán comunicar, en caso de sufrir violencia o acoso, los hechos a la persona empleadora o acudir directamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

No obstante, el protocolo advierte de que el procedimiento interno no procede cuando la agresión la comete la propia persona empleadora. En esos casos, se recomienda acudir a la Inspección, a las fuerzas de seguridad o al juzgado, especialmente si los hechos pueden constituir delito.

Abanico de conductas

El protocolo considera violencia y acoso un amplio abanico de conductas, desde amenazas de despido, retrasos o retenciones del salario, gritos, humillaciones, acusaciones injustificadas de robo o agresiones físicas hasta la invasión del espacio privado de una trabajadora interna.

También incluye la retención del pasaporte, una práctica ilegal que puede llegar a constituir delito de coacciones, trata o trabajos forzados. Además, presta atención especial el documento al acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso racista o xenófobo y las conductas discriminatorias por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

La denuncia debe ir acompañada, siempre que sea posible, de pruebas como capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos, grabaciones, fechas, lugares y testigos. El documento insiste en que toda la información debe tratarse de forma confidencial y que no se pueden adoptar represalias contra la víctima ni contra las personas que la apoyen durante el proceso.

A pesar del largo tiempo de espera, la publicación de este procedimiento de actuación ha sido bien recibido en Castellón por parte de los sindicatos. Desde UGT, señalan que se trata de “un protocolo muy válido” porque “la situación de vulnerabilidad que estas trabajadoras sufren, en muchas ocasiones, les lleva a soportar amenazas u otras situaciones de acoso por no perder su trabajo”.

Problemas con los empleadores

Esto lo afirma Mari Carmen Durá, responsable del Área Interna de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en la provincia de Castellón. “Hay muchas empleadas del hogar que vienen a consultar porque tienen problemas con sus empleadores. En ocasiones, deben hacer más tareas y trabajar más horas que las que tienen por contrato o les niegan la comida, aunque estén 12 horas en el lugar de trabajo”, explica Durá.

“Ojalá el protocolo se lleve a cabo”, señala Mari Carmen Durá porque reconoce que “puede ser complicado activarlo. En algunos casos, la denuncia debe pasar por el empleador, lo que puede convertirse en un conflicto en el lugar de trabajo.

Por otra parte, la Inspección de Trabajo acumula mucho retraso, por lo que pueden pasar entre 9 meses y un año hasta que se responda a la denuncia”. Por eso, concluye que “esperemos que se aplique, porque muchas de estas profesionales tienen miedo de actuar”.

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