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Familias de un colegio de Castellón denuncian que la ley de libertad educativa les impide escolarizar a sus hijos en valenciano

El CEIP Carles Salvador de Castelló ofertará en Infantil de 3 años un aula en valenciano y otra en castellano pese a que, según las familias afectadas, la mayoría solicita la enseñanza en valenciano

Los padres conocerán qué tipo de jornada tiene cada colegio antes del inicio del proceso de admisión

Los padres conocerán qué tipo de jornada tiene cada colegio antes del inicio del proceso de admisión / Ismael Herrero

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Varias familias del colegio público Carles Salvador de Castelló critican que no han podido escolarizar a sus hijos en valenciano debido a la aplicación de la nueva ley de libertad educativa en plena admisión escolar. El conflicto se ha generado después de que la Conselleria de Educación haya decidido ofertar para el próximo curso solo un aula en valenciano y otra en castellano en Infantil de 3 años, tomando como referencia las solicitudes realizadas el curso anterior en Infantil de 2 años. Se da la circunstancia, además, de que el CEIP Carles Salvador encabeza el listado de los 10 centros más solicitados en la provincia de Castellón para el próximo curso en relación con la oferta disponible.

La admisión de 2 años marca las aulas de 3

Según explican desde el centro y las propias familias, la decisión de Conselleria se ha basado en la admisión realizada en Infantil de 2 años el pasado curso, cuando no se alcanzó el 75% de solicitudes en valenciano que determina la normativa. Sin embargo, las familias afectadas denuncian que no todas las personas que solicitaron plaza acabaron formalizando la matrícula en ese nivel.

La directora del colegio señala que el principal problema es que, si no se alcanza ese 75% de solicitudes en valenciano entre las familias que eligen el centro, “directamente se hacen las dos aulas, una en valenciano y una en castellano”. La dificultad, añade, es que esas solicitudes no siempre se traducen después en matrícula efectiva, especialmente en el caso de alumnado de 2 años.

“Hay familias que finalmente no formalizan la matrícula porque el niño es demasiado pequeño, porque lo dejan en casa, porque cambian de opinión, porque lo llevan a otro centro o porque continúa en la escuela infantil”, explica. A su juicio, esto provoca que la elección de familias que después no forman parte del centro determine la lengua base de las aulas del curso siguiente.

Lo que ocurre en el Carles Salvador es un ejemplo de lo que está pasando en más centros.

Lo que ocurre en el Carles Salvador es un ejemplo de lo que está pasando en más centros. / Famílies pel valencià

“Es muy injusto”

La dirección del CEIP Carles Salvador considera que la situación es “muy injusta”. Este curso, el aula de Infantil de 2 años cuenta con 18 niños y niñas que, en su paso a 3 años, podían escoger cambiar de lengua. Sin embargo, según el centro, los 18 han elegido continuar en valenciano.

Al haber solo un aula en valenciano para Infantil de 3 años, el colegio únicamente ha podido ofrecer cuatro vacantes en esa lengua. Esto ha afectado a familias que ya tienen otros hijos escolarizados en el centro y que ahora se encuentran con que un hermano estudiará en valenciano y otro en castellano.

La directora sostiene que las familias han buscado en la ley “por activa y por pasiva” y aseguran no encontrar ningún punto en el que se indique que las solicitudes de 2 años determinen la lengua de las aulas de 3 años. Por este motivo, algunas familias han trasladado la situación a Inspección Educativa.

CEIP Carles Salvador de Castelló.

CEIP Carles Salvador de Castelló. / gva

Un informe favorable de Inspección

Según el relato del centro, el inspector de Educación ha elaborado un informe favorable a que el aula en castellano se convierta en valenciano, atendiendo a la elevada demanda de familias que querían esta lengua base y que no han podido obtener plaza.

Desde la dirección del colegio lamentan que la administración haya creado “un problema de convivencia donde no lo había”. Afirman que el Carles Salvador es un centro donde la mayoría de familias desea la escolarización en valenciano y que quienes llegan de fuera suelen adaptarse al proyecto lingüístico del colegio.

Además, advierten de que la situación ya está teniendo consecuencias en la elección del centro. Algunas familias, por miedo a no conseguir plaza en el grupo de valenciano y acabar en el aula de castellano, optan directamente por no escoger el Carles Salvador. “Para nosotros es una pérdida, porque lo mejor es que venga gente del barrio y directamente no lleva a sus hijos al centro”, señalan.

"Algunas familias, por miedo a no conseguir plaza en el grupo de valenciano y acabar en el aula de castellano, optan directamente por no escoger el Carles Salvador"

Familias con hermanos en el centro, afectadas

Carla es una de las 19 familias afectadas por la aplicación de la ley de libertad educativa en Infantil de 3 años del CEIP Carles Salvador. Su hijo mayor ya estudia en el centro y quería que su otro hijo también lo hiciera, y además en valenciano.

“El problema con el que me he encontrado es que hay dos clases, una en valenciano y otra en castellano”, explica. Según detalla, esta distribución se decidió a partir de las inscripciones de 2 años del curso 2025-2026, cuando 16 familias se inscribieron en valenciano y siete en castellano, lo que suponía un 69,5% de admisión en valenciano.

Sin embargo, añade, el alumnado que finalmente se matriculó fue muy distinto: 14 familias en valenciano y dos en castellano, lo que elevaba el porcentaje al 87,5%. “No entendemos que la lengua en la que estudiarán nuestros hijos la decidan familias que ni siquiera acabaron matriculándose”, denuncia.

“De 44 alumnos, solo tres quieren castellano”

Las familias sostienen que ahora la situación ha cambiado por completo, ya que en Infantil de 3 años habrá dos líneas y un total de 44 niños y niñas. Cada aula tiene capacidad para 22 alumnos y, según Carla, la clase de valenciano está prácticamente llena con los 18 niños que ya estaban escolarizados en esa lengua y las dos familias que inicialmente eligieron castellano pero ahora quieren continuar en valenciano.

La afectada asegura que, en las inscripciones de este año, solo tres familias han solicitado castellano. Por eso, pide que la Conselleria rectifique y autorice que las dos líneas sean en valenciano. “De 44 personas, solo tres quieren el castellano. ¿Por qué hemos de tener una clase en castellano para tres personas?”, plantea.

Carla defiende que su elección responde a motivos personales y familiares. “Yo siempre he hablado en valenciano, mi hijo mayor está estudiando en valenciano y también quería que el pequeño estudiara en valenciano, porque es mi lengua”, afirma.

“Yo siempre he hablado en valenciano, mi hijo mayor está estudiando en valenciano y también quería que el pequeño estudiara en valenciano, porque es mi lengua”, afirma Carla.

Petición de cambio de línea

Las familias afectadas han pedido ofertar dos líneas en valenciano. También el centro ha presentado un escrito y se han mantenido conversaciones con la directora y con Inspección Educativa.

Las familias consideran que tener dos aulas en la misma lengua facilitaría la organización pedagógica del centro. Argumentan que permitiría distribuir al alumnado atendiendo a otros criterios, como necesidades educativas, equilibrio entre niños y niñas, repetidores, comportamiento o posibilidades de trabajo conjunto entre grupos, en lugar de separar al alumnado únicamente por la lengua base.

Famílies pel Valencià acusa a Conselleria de poner “trabas”

Famílies pel Valencià señala que lo ocurrido en el Carles Salvador es un ejemplo de lo que pasa en más centros y acusa a la Conselleria de Educación de “poner todas las trabas posibles para que los padres y madres puedan matricular en valenciano a sus hijos e hijas”. La entidad advierte de que “peligra no solo la lengua, sino la calidad educativa”, al considerar que la aplicación de la norma puede generar aulas masificadas en una lengua y otras prácticamente vacías.

La plataforma sostiene que esta situación carece de criterio pedagógico y reclama que se atienda la demanda real de las familias del centro.

La respuesta de Conselleria

Por su parte, desde la Conselleria de Educación señalan que, en el caso del CEIP Carles Salvador, si se detecta que algunas familias se quedan sin plaza en una lengua base y se considera que existe demanda suficiente para constituir un nuevo grupo, se pedirá un informe a Inspección para estudiar la posibilidad de cambiar la lengua de un aula, siempre que no se vea afectado el derecho del resto del alumnado.

La administración explica que la confección de los grupos y líneas en los centros con aulas de 2-3 años se realiza en el primer nivel de escolarización, según la lengua solicitada por las familias en el procedimiento de admisión. Si posteriormente se amplía el número de líneas, se mantiene ese mismo porcentaje para determinar cuántos grupos se ofrecen en cada lengua.

Conselleria defiende que la ley garantiza y respeta la continuidad del derecho de todo el alumnado a estudiar en la lengua base elegida por sus familias una vez ya están matriculados. Según Educación, las preferencias del alumnado que se escolariza más tarde en un centro no pueden perjudicar los derechos del alumnado ya matriculado.

No obstante, la administración recuerda que la ley prevé excepciones. En caso de que haya familias sin plaza en una lengua base y exista oferta suficiente para crear un nuevo grupo, Inspección deberá valorar si es posible modificar la lengua de un aula sin afectar al derecho del resto del alumnado.

Un conflicto abierto en plena admisión escolar

El caso del CEIP Carles Salvador de Castelló ha abierto un conflicto entre familias, centro educativo y administración en torno a la aplicación práctica de la ley de libertad educativa. Las familias afectadas insisten en que la demanda real del colegio es mayoritariamente en valenciano y reclaman que las dos aulas de Infantil de 3 años se oferten en esta lengua.

Mientras tanto, la Conselleria mantiene que la distribución de líneas responde al procedimiento de admisión establecido y a la garantía de continuidad lingüística del alumnado ya matriculado, aunque deja abierta la posibilidad de revisar el caso si Inspección considera viable el cambio.

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