Choque por la FP de Emergencias en Castellón: UGT alerta de falta de expertos y Educación niega que esté en riesgo

UGT Serveis Públics del País Valencià ha alertado del riesgo de que los ciclos públicos de Formación Profesional vinculados a las emergencias y la seguridad pierdan profesorado experto procedente del sector público. El sindicato señala que los problemas para conceder la compatibilidad laboral ya afectan a profesionales como los bomberos forestales del IES Jérica-Viver, mientras la Conselleria de Educación sostiene que esta formación no está en peligro y garantiza nuevas contrataciones cuando sean necesarias.

UGT denuncia un «laberinto burocrático»

UGT considera que una interpretación restrictiva de la normativa de incompatibilidades está impidiendo que profesionales altamente cualificados puedan ejercer como docentes en la FP especializada.

Según el sindicato, esta situación podría provocar que las aulas de ciclos como Emergencias y Protección Civil o Coordinación de Emergencias se queden sin expertos procedentes del sector público. Como alternativa, advierte, la Administración educativa podría verse obligada a recurrir a perfiles sin experiencia real en el ámbito de la seguridad y las emergencias.

La organización sindical subraya que este conflicto se produce en un contexto especialmente sensible, marcado por tragedias recientes como la DANA, y defiende que bomberos, técnicos y coordinadores en activo deben poder participar en la formación de las futuras promociones.

El cambio de los contratos, origen del conflicto

El problema se habría originado tras la modificación de los contratos del profesorado experto de FP. Estos profesionales pasaron de tener contratos de duración determinada a contratos indefinidos a tiempo parcial, una medida destinada a aportar mayor estabilidad laboral.

UGT sostiene que la Dirección General de Personal Docente está realizando una interpretación restrictiva de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Esta ley establece que un segundo puesto o actividad dentro del sector público solo podrá desarrollarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada. Para el sindicato, considerar que el carácter indefinido de los nuevos contratos impide autorizar la compatibilidad está provocando informes desfavorables y resoluciones negativas.

Aunque esos informes de Educación no son vinculantes, UGT asegura que están condicionando de forma decisiva a los organismos y empresas públicas que deben resolver las solicitudes.

Problemas en el IES Jérica-Viver

Fuentes de UGT señalan que existen dificultades en el IES Jérica-Viver para conceder la compatibilidad a bomberos forestales que trabajan también como profesores expertos.

El sindicato afirma que se están ofreciendo soluciones diferentes según la persona que solicita la autorización, lo que incrementa la inseguridad jurídica entre los profesionales afectados.

Esta presión estaría obligando a algunos docentes a renunciar a sus puestos como expertos en los institutos de FP o a reducir considerablemente su dedicación educativa para intentar mantener la compatibilidad con su actividad principal.

UGT advierte de que esta situación perjudica directamente al alumnado, reduce la oferta formativa y pone en riesgo la continuidad de enseñanzas que considera esenciales.

Informes desfavorables y amenaza de cese

El sindicato destaca también la situación del personal de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, dependiente de la Dirección General de Emergencias.

Según UGT, los informes desfavorables están condicionando las decisiones antes de que las solicitudes de compatibilidad sean analizadas de manera individual.

Además, denuncia una contradicción administrativa: mientras los organismos de origen se ven condicionados para rechazar las compatibilidades, la Administración educativa exige a los docentes que presenten una resolución favorable en plazos muy reducidos y bajo amenaza de cese.

Para UGT, esta situación provoca una «enorme indefensión» y deja al personal afectado en un callejón sin salida.

El sindicato reclama que prevalezca el interés público

UGT defiende que el interés público debe prevalecer sobre una normativa de incompatibilidades aprobada hace más de cuatro décadas.

La organización considera imprescindible que profesionales en activo puedan transmitir su experiencia al alumnado y sostiene que una interpretación rígida de la ley no puede poner en riesgo ni la calidad de la enseñanza ni la seguridad futura de la ciudadanía.

El sindicato asegura que esta posición cuenta con el respaldo de personal técnico de la propia Administración. En este sentido, señala que la secretaría del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha manifestado que los informes desfavorables de Educación no deben prevalecer cuando existe un interés público debidamente acreditado.

La situación también ha sido trasladada mediante quejas formales al Defensor del Pueblo.

Educación niega que la formación esté en peligro

Fuentes de la Conselleria de Educación rechazan que exista un laberinto burocrático y aseguran que la Formación Profesional de Emergencias y Seguridad no está en peligro.

La Administración autonómica explica que los contratos del profesorado experto son actualmente indefinidos a tiempo parcial y se mantienen durante los doce meses del año, incluidos los meses no lectivos.

Hasta el curso 2023-2024, estos contratos tenían carácter administrativo y se limitaban al periodo lectivo. En el curso 2024-2025 se transformaron en contratos laborales temporales a tiempo parcial mientras se resolvía el procedimiento selectivo convocado por la Dirección General de Personal Docente.

Una vez adjudicados los puestos, en el curso 2025-2026 los contratos pasaron a ser indefinidos a tiempo parcial.

Educación defiende que este cambio representa una mejora objetiva de las condiciones laborales, ya que los nuevos contratos ofrecen mayores garantías y han supuesto un incremento considerable de las retribuciones del profesorado experto.

«Una ley básica de obligado cumplimiento»

La Conselleria reconoce que existe un grupo de docentes expertos que, al ser funcionarios de otra Administración, no cumple las condiciones establecidas por la Ley de Incompatibilidades.

No obstante, sostiene que la Dirección General de Personal Docente se limita a informar de esta circunstancia al organismo en el que el profesional desarrolla su actividad principal.

Según Educación, corresponde a ese primer empleador analizar cada caso y decidir, teniendo en cuenta todas las circunstancias, si concede o deniega la compatibilidad.

La Dirección General de Personal Docente asegura que medirá el impacto de la aplicación de la ley y realizará todas las contrataciones nuevas que resulten necesarias para garantizar la continuidad de la formación.

UGT exige una solución antes del próximo curso

UGT ha trasladado formalmente el problema a la Dirección General de Personal Docente y exige una solución inmediata.

Aunque Educación habría planteado una posible vía provisional, el sindicato asegura que las denegaciones siguen produciéndose y que el conflicto de fondo continúa sin resolverse.

UGT advierte de que, si no se adoptan medidas urgentes, podría resultar materialmente imposible iniciar el próximo curso con normalidad en determinados ciclos de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente.

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