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La reforma de la dependencia llega con cifras récord de beneficiarios y leve aumento de la lista de espera en Castellón

El Pleno del Congreso ha aprobado esta semana la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

La provincia supera los 20.000 beneficiarios de la ley de dependencia pero crece la lista de espera.

La provincia supera los 20.000 beneficiarios de la ley de dependencia pero crece la lista de espera. / MIGUEL ANGEL GRACIA

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

El Pleno del Congreso ha aprobado esta semana la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Un cambio que llega en un momento en el que se registra una cifra récord de beneficiarios en la provincia de Castellón, pero también un leve aumento de las listas de espera.

En concreto, según datos de la Conselleria de Bienestar Social, la cifra de beneficiarios de la ley de dependencia se sitúa en 20.881 personas en la provincia de Castellón en el ecuador del 2026, la cifra más alta de los últimos años. No obstante se aprecia una ralentización, pues en el último año solo se han añadido 206 personas. Aun así la cifra de personas bajo el paraguas de la ley se ha multiplicado por cuatro desde 2015, en que se situaba en 5.124 personas.

Al mismo tiempo un total de 1.192 personas se hallaban en lista de espera en la provincia de Castellón el mes pasado, lo que supone un ligero aumento respecto a inicios de año, en que se situaban en 1.072.

Menos lista de espera autonómica

A nivel autonómico también se ha llegado al pico de 186.609 personas beneficiarias, la cifra más alta desde el 2015 en que se situaban en 44.871. Y la lista de espera ascendía a 13.339 en mayo, con un ligero descenso respecto a enero, en que era de 14.271.

Infrafinanciación

Según los datos de la Generalitat, el año pasado el coste total de la dependencia se situó en 1.474.174.318 euros en la Comunitat, pero menos de uno de cada cuatro euros los aportaba el estado (22,3%). El coste de la infrafinanciación ese año se situó en 408.636.521,66 euros y el acumulado desde 2012 en 3.887.984.158,97 euros.

"Reforma histórica"

Desde el Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Castellón ha calificado de la reforma como un "hito histórico", ya que mn¡ejora muchos aspectos del sistema. Entre ellos:

  • Declara los Servicios Sociales como servicios esenciales en todo el país. En la Comunitat Valenciana ya los tenemos declarados así por una ley autonómica (La Ley Valenciana de Servicios Sociales Inclusivos), pero ahora serán esenciales de forma generalizada en cualquier comunidad autónoma.
  • Las ayudas de emergencia social dejan de ser consideradas subvenciones, con toda la burocracia que elimina esta medida, pues al dejar de ser subvenciones no están sometidas a todos los requisitos, muchas veces farragosos, de la ley general de subvenciones.
  • Mejora la atención a la ciudadanía en situación de dependencia porque amplía los cuidados y el acompañamiento no sólo en el domicilio de la persona, sino también en el entorno: visitas médicas, etc.
  • Mejora las prestaciones, y con ello ganamos todos como sociedad, porque toda la ciudadanía en susceptible de convertirse en algún momento en usuaria del sistema de atención a la dependencia.

En cuanto a sus reivindicaciones, señala que "ya que el Gobierno está dispuesto a asumir más de 6.000 millones de euros para este año y 7.200 millones para 2027 para financiar el nuevo modelo, desde el COTS Castelló sí pedimos que las comunidades autónomas no pongan problemas para financiar su parte del 50%, que es lo que se estaba reclamando por parte de todas ellas hasta ahora", abundan.

Por su parte, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalan que la medida beneficiará a dos millones de personas que viven en situación de dependencia en toda España y consideran que la prioridad deben ser las 255.450 personas que se encuentran en las listas de espera, incrementar las prestaciones, aumentar las intensidades de los servicios y compatibilizarlos. También reivindica mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias. ¿El reto? "Que las Comunidades Autónomas sean capaces de establecer procedimientos más ágiles, para que no ocurra como con el incremento de financiación estatal que supuso el plan de choque en 2022, que nueve comunidades disminuyeron el presupuesto propio para la dependencia".

Objetivo, reducir las listas de espera

Asimismo, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalan que la nueva Ley asume el compromiso tan demandado de que el Estado cubra el 50% de los gastos del sistema, simplifica procedimientos y elimina tiempos de espera burocráticos con la pasarela de discapacidad a dependencia, amplia nuevos perfiles de cuidadoras, posibilita la compatibilidad de servicios y da carácter legal que la teleasistencia tenga carácter universal para todas las personas en situación de dependencia que vivan en su casa.

El objetivo de la norma es reducir las listas de espera y transitar hacia un modelo que facilite los apoyos para envejecer en casa. La norma amplía el catálogo de servicios y prestaciones y agiliza procesos administrativos, con el objetivo de que haya unos mínimos de calidad, intensidad y ratios en las prestaciones que se reciben en todo el Estado. De entrada, suprime el régimen de incompatibilidad entre las diferentes prestaciones que aprobó el PP en el 2013 y sigue vigente en algunas autonomías. Así, se podrá de forma simultánea servicios distintos, ir a un centro de día y a la vez tener teleasistencia o la prestación de cuidados en el entorno familiar. Al respecto, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este miércoles que las listas y los tiempos de espera de la dependencia tienen que reducirse "drásticamente" y "de manera inmediata" tras la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad el martes en el Congreso. Respecto a los trabajadores del sector de la dependencia, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un «objetivo prioritario» debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las comunidades en materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales del sector y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad. La Comunitat Valenciana dispondrá de 535 millones de euros adicionales de financiación estatal (178,3 millones en 2026 y 356,7 millones en 2027), estimando 61.727 nuevos usuarios, 4.471 personas menos en lista de espera y 12.704 empleos.

Principales reclamaciones a la ley de dependencia ante el Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges describe cuatro principales reclamaciones de usuarios en la aplicación de la ley de dependencia de la Comunitat:

1. Demora en la tramitación de expedientes y revisiones del PIA

Es el asunto que más se repite. Incluye tanto las revisiones del grado de dependencia como, sobre todo, las solicitudes de revisión del Programa Individual de Atención (PIA) para cambiar una prestación por otra o acceder a un recurso más adecuado (prestación vinculada a residencia, centro de día, cuidados familiares, etc.). En estos expedientes nos encontramos con demoras de entre uno y dos años, e incluso superiores, sin que la Administración pueda ofrecer una fecha para resolver. Mientras tanto, las personas dependientes y sus familias siguen asumiendo el coste económico o prestando unos cuidados que, en muchos casos, ya no pueden sostener.

2. Falta de plazas en recursos especializados

Personas que ya tienen reconocido el derecho a un centro de día o a una residencia continúan en lista de espera porque no existen plazas disponibles. El Síndic viene recomendando que se incremente la oferta de recursos y que mejore la información sobre las listas de espera. (ejemplo queja 2600482)

3. Retrasos en el pago y actualización de prestaciones económicas

Las quejas también afectan al cobro de ayudas ya reconocidas o a la actualización de su importe. Destaca el caso de un menor que estuvo meses esperando el abono de la prestación de asistencia terapéutica infantil (PATI), pese a haber presentado toda la documentación necesaria (queja 260852). También aparecen expedientes en los que las personas dependientes esperan durante largos periodos la actualización de la cuantía de la ayuda para hacer frente al incremento del coste de una residencia (260462).

4. Demoras en el reconocimiento de derechos económicos tras el fallecimiento y en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial

Quejas de familias que, tras el fallecimiento de una persona dependiente, esperan durante años el reconocimiento de las cantidades económicas que le correspondían. A ello se suman los expedientes de responsabilidad patrimonial por los perjuicios derivados de los retrasos de la Administración, que también acumulan gravísimas demoras -en algunos casos alcanzan los cinco años- , prolongando la incertidumbre de los herederos.

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