Tras la reunión de la comisión técnica
La Diputación de Castellón reactiva su respuesta rápida ante catástrofes con ayudas para Tírig y Catí por el incendio
La institución destina 10.000 euros a cada localidad para gasto corriente y de inversión
Barrachina destaca que "destinamos los recursos económicos de manera rápida y eficaz para poder minimizar cuanto antes los daños"

La presidenta, Marta Barrachina, y el diputado de Bomberos, David Vicente, con el alcalde de Tírig, Juanjo Carreres. / MEDITERRÁNEO
La Diputación de Castellón activa de nuevo la respuesta rápida ante una catástrofe con ayudas para Tírig y Catí, municipios afectados por el incendio que se ha dado por controlado este martes tras calcinar 754 hectáreas.
La institución provincial ha convocado este martes la comisión técnica de seguimiento de catástrofes para definir la línea de ayudas para ambas poblaciones, que han sido declaradas por la Diputación como zona gravemente afectada. Por tanto, tendrán acceso a esta línea de subvenciones que forma parte del plan Diputació Respon, iniciativa que tiene como objetivo de dar una respuesta rápida y eficaz ante los daños que haya podido provocar una catástrofe, como en este caso un incendio forestal.
“Ante una situación de emergencia como es un incendio forestal, destinamos los recursos económicos de manera rápida y eficaz para poder minimizar cuanto antes los daños que el fuego haya podido ocasionar”, ha expresado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.
Las bases, a la Junta de Gobierno
En cuanto al importe de las ayudas, el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha indicado que “volvemos a estar al lado de los municipios y de sus vecinos y vecinas afectados por una catástrofe y, en este caso, destinamos 10.000 euros a cada ayuntamiento para sufragar gasto corriente y gasto de inversión”.
Tras la comisión convocada este martes se celebrará una junta de gobierno para aprobar las bases que regularán la concesión de las ayudas. Esta línea de catástrofes determina sus fondos en función de la superficie afectada por el fuego y está dirigida a localidades con una población inferior a 20.000 habitantes.
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