Las familias rechazan que la Inspección Educativa supervise proyectos y contenidos educativos
Señalan que la modificación supone un cambio preocupante en el modelo educativo valenciana que afecta al profesorado y a la autonomía de los centros
Los docentes de Castellón han protagonizado una huelga para reclamar mejoras en su situación laboral. / Gabriel Utiel
Añádenos en GoogleLa Confederación Gonzalo Anaya ha mostrado su rechazo al artículo 155 de la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, que modifica las funciones de la Inspección Educativa y le atribuye nuevas tareas de supervisión sobre los contenidos y los proyectos educativos de los centros.
La organización considera que este cambio supone una modificación preocupante del modelo educativo valenciano, ya que, a su juicio, desplaza a la Inspección de su función de garantía del sistema hacia una labor de vigilancia sobre el profesorado y la autonomía pedagógica de los centros.
«Las familias no necesitamos herramientas de control sobre la tarea docente ni sobre los proyectos educativos. Necesitamos confianza en los profesionales de la educación y una Administración que garantice los recursos para que los centros puedan hacer bien su trabajo», ha señalado Vicent Gumbau, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya.
Más recursos y menos control
La confederación defiende que la Inspección educativa debería centrar sus esfuerzos en garantizar que todo el alumnado reciba una educación pública, inclusiva y de calidad y que los centros dispongan de los recursos necesarios.
Entre sus prioridades, reclama más profesorado y una reducción de las ratios, así como garantizar los recursos destinados a la atención a la diversidad y la inclusión. También pide instalaciones dignas y seguras, más inversión pública y que se preserve el derecho de las familias a una educación pública de calidad y a las plazas de enseñanza en valenciano.
«Lo que necesitan las escuelas y los institutos no son más mecanismos de vigilancia, sino más recursos humanos, más orientación, más personal de atención educativa y más inversión pública», ha añadido Gumbau.
Autonomía de los centros
La Confederación Gonzalo Anaya advierte además de que el artículo 155 puede generar desconfianza sobre los mecanismos democráticos que ya funcionan en los centros educativos.
La organización recuerda que los proyectos educativos y las programaciones generales anuales son fruto del trabajo de los equipos docentes y de los órganos de participación de los centros, con la intervención de los consejos escolares y de las familias.
Por ello, considera que la reforma puede deslegitimar la labor de los centros y trasladar un mensaje de sospecha permanente hacia el profesorado.
«Es una falta de respeto a maestras y profesores, pero también a las familias, que formamos parte de los órganos de participación de los centros», ha afirmado Gumbau.
«Un retroceso democrático»
La confederación alerta también de que esta modificación puede abrir la puerta a una mayor fiscalización de proyectos educativos vinculados a valores democráticos.
«Una escuela vigilada es el mayor retroceso en una sociedad democrática. Es querer imponer un modelo educativo obsoleto de una Conselleria que empezó persiguiendo el valenciano en lugar de garantizar su promoción, que ha eliminado de las normas la coeducación y la igualdad y que ahora quiere convertir la Inspección en censores de la docencia», ha criticado el presidente de la organización.
La Confederación Gonzalo Anaya defiende una escuela pública que eduque en valenciano, igualdad entre mujeres y hombres, coeducación, derechos humanos, pensamiento crítico y convivencia democrática.
Educar más allá de los contenidos
La organización insiste en que la educación debe ir más allá de la enseñanza puramente académica y contribuir también al desarrollo de habilidades personales, autonomía, valores y capacidad crítica.
Aunque reconoce la importancia de la excelencia académica, considera que esta no es suficiente por sí sola.
«Ya no necesitamos una escuela que enseñe solo a repetir contenidos. Necesitamos una escuela que enseñe a pensar, a convivir y a construir una sociedad mejor», ha señalado Gumbau.
La Confederación Gonzalo Anaya reclama, en definitiva, que el artículo 155 no se convierta en una herramienta de control sobre los centros educativos y defiende una Inspección que actúe como garantía de los derechos, la inclusión, la calidad y la equidad educativa.
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