El juez que instruye el caso de la querella presentada por los concejales del Grupo Municipal Socialista contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el representante legal de Calviga por una presunta prevaricación, tráfico de influencias y falsedad de documento público en los antiguos terrenos de Renfe, Horacio Badenes, ha decidido ampliar las investigaciones.
Esta decisión conllevará la solicitud de diversa documentación a los responsables de El Corte Inglés sobre los presuntos contactos que mantuvo con Calviga para su apertura en Castellón y a los de la Caja Rural San Isidro sita en el servicio de recaudación. No obstante, Badenes ya ha pedido a la Policía Judicial que recoja los recibos que la Caja Rural San Isidro emitió el día anterior o posterior al 22 de octubre del 2000, fecha que aparece en los escritos de la entidad bancaria como el día en el que la filial de Lubasa saldó la deuda con el Ayuntamiento y que fue aportada como prueba por los socialistas.
Un viaje a Madrid del portavoz oficial de El Corte Inglés, Borja Monzó, impidió que éste hiciera ayer declaraciones a este diario sobre los detalles de la documentación requerida por el juez a la gran superficie comercial.
Por otra parte, el juez Horacio Badenes también ha imputado a Juan Alberto Oller, directivo de Lubasa, en sustitución de Luis Batalla. Así, Oller tendrá que acudir al Palacio de Justicia para declarar el próximo miércoles, 29 de enero, a las 10.45 horas, confirmaron fuentes cercanas al caso.
ALBERTO FABRA, COMO TESTIGO
Finalmente, y según ha podido saber el periódico Mediterráneo, el abogado de los concejales socialistas, Juan Callao, también ha solicitado al juez que acuda a declarar como testigo el concejal de Urbanismo, Alberto Fabra.
