Los defensores de que la prisión se instale a pocos kilómetros del casco urbano de Teruel consideran que el proyecto supondrá un impulso socioeconómico para la zona.

1CONSTRUCCIÓN. La construcción del centro penitenciario, según el Diario de Teruel, supondría un coste de 53 millones de euros. A las arcas municipales les reportaría tres millones de euros en concepto de licencias, impuestos y tasas. 500 operarios trabajarían en la construcción del centro, más los servicios y subcontratas que se hicieran con empresas locales.

2EMPLEOS. En el actual centro penitenciario trabajan 120 personas, entre funcionarios y personal laboral, puestos que se perderían si cierra la prisión. En la nueva prisión trabajarían 500 funcionarios y 35 laborales. La nómina del conjunto de funcionarios, según CSI-CSIF, supondría nueve millones de euros al año.

3CONSUMO. La zona experimentará un crecimiento económico. Los funcionarios establecerán su residencia en la zona, lo que conllevará mayor demanda de viviendas, mayor dotación de servicios, como escuelas y sanidad, y un aumento del consumo en todos los órdenes.

4SUMINISTROS. La industria del entorno donde se ubica la cárcel se encarga de aportar los suministros perecederos. El Diario de Teruel calcula que esta prisión, que ocuparía un terreno de 35 hectáreas, generaría un gasto anual de 2,25 millones de euros, de los que 1,2 millones irían destinados a alimentación, y 375.000 al mantenimiento de las instalaciones.

5MÁS SEGURIDAD. La instalación de la nueva prisión conllevaría un incremento de 100 guardias civiles, así como un refuerzo de los juzgados.