El director de Expansión de El Corte Inglés, Carlos Muñoz, aseguró ayer que el proyecto de apertura de uno de los centros comerciales de la firma en Castellón sigue adelante a pesar de la querella criminal interpuesta por el PSOE.

Muñoz, quien ayer declaró ante el juez Horacio Badenes en calidad de testigo por el caso del PAI de Renfe, reconoció, según fuentes cercanas a la acusación, que El Corte Inglés tuvo contactos con los técnicos pero no negociaciones con el Ayuntamiento de Castellón. Una afirmación en consonancia con la tesis defendida por el concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, quien ayer tuvo que dar explicaciones por segunda vez ante Badenes por el desarrollo urbanístico en los antiguos terrenos de Renfe.

Fabra explicó que el acta de la reunión de Participación Ciudadana que tuvo lugar el 6 de junio del 2000 recoge manifestaciones que "no corresponden a la realidad y, que, aunque sí que es cierta la filosofía general, hay que hacer una serie de matizaciones". Las aclaraciones, según Fabra, deberían realizarse en el sentido de que no es cierto que el centro comercial deba pagar la urbanización de los terrenos. "Esta operación la tiene que realizar el urbanizador --Calviga--", especificó Fabra.

Otra de las puntualizaciones a dicha acta es que el Ayuntamiento de Castellón "no negoció con El Corte Inglés, si no con Renfe, que era el propietario del suelo". En su intervención ante el magistrado, Alberto Fabra reconoció que existió un contacto de los técnicos de El Corte Inglés con los municipales.

Con respecto al acta de Participación Ciudadana, desde la acusación particular recordaron que los datos del documento son "concretos, lo que evidencia que el funcionario que lo redactó se limitó a copiar literalmente lo que decía el concejal".