La Audiencia Nacional rechazó ayer el recurso del Gobierno de Aragón contra el trasvase del Ebro, recogido en el Plan Hidrológico Nacional, pues "carece de interés legítimo" para impugnar esta obra, según la sentencia del caso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación que se refiere, en concreto, al inicio de la tramitación administrativa de las obras del trasvase desde el Baix Ebre (Tarragona) a Barcelona y a la Comunidad Valenciana, plasmado en el "pliego de bases para la contratación de la asistencia técnica para la elaboración de estudios ambientales".

La sentencia de la Audiencia Nacional argumenta que aunque la procedencia de los recursos hídricos se sitúe en Aragón, esto no comporta que esta comunidad "ostente interés legítimo" para impugnar los estudios o las obras que se realicen fuera de los términos territoriales de su comunidad.

OBRAS EN CATALUÑA

La sentencia reconoce que el interés de Aragón está "en si se realizan o no transferencias de recursos hídricos y en qué cantidad a otras comunidades", pero considera que una vez acordada esta transferencia de caudales por ley, "la contratación administrativa sobre los estudios y las obras necesarias para hacer efectiva esa transferencia de recursos que se van a realizar fuera de Aragón no afecta a dicha comunidad autónoma".

De este modo, considera "indiferente" que el estudio ambiental de un espacio situado en otra comunidad lo realice una u otra empresa y estima que la anulación del acto recurrido no ocasiona "ningún beneficio", ni la desestimación "le perjudica, pues el montante de los recursos transferidos es el mismo y está fijado por ley, por lo que no se cumplen las exigencias de que debe satisfacer la legitimación activa", argumenta la sentencia.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ya ha anunciado que estudiará la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Audiencia Nacional. El consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, afirmó que la decisión de la Audiencia Nacional se centra en un "asunto menor", que a su juicio no cree que tenga "demasiada trascendencia", ya que tan sólo rechaza uno de los 24 recursos presentados por el Ejecutivo autonómico al trasvase, en concreto el que hacía referencia al procedimiento de contratación de la empresa Trasagua, la sociedad estatal encargada de ejecutar las obras del PHN".

La decisión de la Audiencia Nacional también provocó las primeras reacciones de la Generalitat de Cataluña. De hecho, fuentes del Gobierno que preside Jordi Pujol aseguraron que utilizarán la sentencia para "forzar al Gobierno a rebajar a la mitad el caudal de 1.050 hectómetros cúbicos anuales de trasvase contemplados en el PHN".

El consejero de Medio Ambiente catalán, Ramon Espadaler, ha valorado positivamente la sentencia porque "lo que niega a Aragón se lo da a Cataluña".