El Gobierno de la Generalitat de Cataluña acordó ayer pedir formalmente al Gobierno central la paralización de todos los procesos administrativos que se han iniciado en relación al trasvase del Ebro "hasta que se garantice la preservación integral del río y su entorno" y se defina sobre el proyecto de trasvase del Ródano que presentaron los técnicos de la Generalitat catalana. Este requerimiento es el paso previo a las posibles acciones judiciales que la Generalitat de Cataluña ya está estudiando en estos momentos para impedir la aplicación del Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Con esta actuación, la Generalitat catalana responde al anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de someter a información pública el estudio de impacto ambiental y el trazado del trasvase del Baix Ebre sin esperar a la aprobación previa del Plan Integral del Delta del Ebro. Hay que recordar que el plazo de aprobación previsto para este plan ya se ha cumplido.
En este sentido, el Ejecutivo catalán anunció que realizará las actuaciones oportunas para fijar el cauce de mantenimiento del tramo final del río Ebro a través del Consorci para la Protección Integral del Delta del Ebro. Un cauce mínimo que se fija en 135 metros cúbicos por segundo, tal y como establece el artículo 16 y la disposición adicional 10 de la ley.
Por ello, el conseller en cap, Artur Mas, exigió ayer al Gobierno central que "cumpla la ley" que le obliga a llevar a cabo estas previsiones de protección del Delta antes de poner en marcha cualquier proceso administrativo.
Asimismo, Mas recordó que "el Ejecutivo español también está obligado a estudiar propuestas alternativas de trasvase", como la del Ródano, en base a la disposición adicional 9 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.
ACCIONES JUDICIALES
Al margen de esta petición formal, la Generalitat de Cataluña también ha encargado al Gabinete Jurídico del Ejecutivo catalán que estudie las acciones judiciales a emprender para paralizar la aplicación del Plan Hidrológico Nacional sin las citadas garantías.
Según el conseller en cap, Artur Mas, "solamente se pretende que el Gobierno español haga una cosa tan simple como cumplir la ley".
