Existe una brecha cada vez mayor entre los castellonenses con recursos económicos y quienes no llegan a las condiciones mínimas de subsistencia. Estas palabras del Padre Ricardo García evidencian la presencia en la provincia de una bolsa de marginalidad que ha crecido a causa de la inmigración. Pero Cáritas recuerda que los extranjeros no son los típicos marginados: no son personas desestructuradas, ni parados crónicos, ni dependen sistemáticamente de los subsidios para sobrevivir.

Sin embargo, en la medida de que el 80% de ellos está en situación irregular les resulta difícil hallar empleo, a menos que lo hagan en la clandestinidad.

Las ayudas de ayuntamientos y ONG deben ofrecer un alivio temporal a quien esté en condiciones de reorganizar su vida. Pero a quienes han agotado sus recursos e ilusiones y se encuentran en un callejón sin salida, el Gobierno, en colaboración con las ONG, les ofrece la posibilidad de regresar a sus países gratuitamente. El coste será más económico que permitir que delincan para poder subsistir.

España debe evitar a toda costa que prosiga la entrada irregular de extranjeros, incluso exigiendo a la UE que incremente su aportación en las labores de control fronterizo. Y permitir el acceso sólo a quienes vengan de forma legal, con contratos en origen o permisos temporales.

A su vez, se han de incrementar los mecanismos para la participación en la vida social y política de los inmigrantes que ya han encontrado un empleo y quieren rehacer su vida en España e invertir en educación para que los hijos de sus hijos dejen de ser inmigrantes.