Por el momento, será el Ayuntamiento de Castellón --es decir, todos los vecinos-- quien pague 3.403 euros al funcionario imputado en la querella formulada por el PSOE por el caso del PAI de Renfe en concepto de asistencia jurídica recibida en el procedimiento judicial. Así lo aprobó ayer la Junta de Gobierno Local, que, a pesar de dar el visto bueno a esta propuesta, considera que deben ser los concejales socialistas, que firmaron dicha querella de forma particular, los que corran con este gasto "y no los ciudadanos", según informó ayer el teniente de alcalde, Javier Moliner. "El funcionario no hizo nada más que su trabajo y de forma correcta", prosiguió el edil, quien aseguró que el alcalde ha remitido un ruego al portavoz del PSOE, Ignacio Subías, para que sean estos concejales lo que se hagan cargo "para que no lo paguen desde las arcas municipales". Por su parte, Subías, aseguró no haber recibido ningún escrito aunque aseguró que pagarán "lo que diga el juez".