La provincia de Castellón podría convertirse en la sede del futuro Mercado Financiero de Compraventa de Emisiones, que empezará a funcionar el 1 de enero del 2005, según se recoge en la Directiva 2003/87 reguladora del comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Una propuesta que, a priori, contaría con el apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente, así como de las organizaciones empresariales castellonenses.

El objetivo es convertirse en la sede de la futura bolsa de compraventa de emisión de gases, donde podrán acudir las empresas para comprar derechos, si creen que van a sobrepasar los límites de CO2 asignados por la directiva. El coste será de 40 euros por tonelada en el primer periodo de aplicación, entre el 2005 y el 2007, y de 100 euros a partir del 2008. Cabe remarcar que acoger dicho banco de emisiones podría suponer una importante entrada de divisas, así como un crecimiento de los movimientos bancarios y económicos de la provincia.

La provincia también podría albergar al Administrador Central de emisiones, encargado del registro de transacciones; el propio mercado; los verificadores independientes; las sociedades auditoras y los certificadores de permisos de emisión, lo que generaría gran número de puestos de trabajo.

Uno de los requisitos básicos para convertirse en sede o cosede de esta entidad es el gran esfuerzo económico, social y ambiental realizado en los últimos años por las empresas de la provincia para cumplir con los requisitos del protocolo de Kioto, según remarcaron responsables de la patronal azulejera Ascer.

El hecho de que en España apenas haya instituciones europeas también contará a favor de Castellón, aunque muchos países pugnan por albergar la sede, por su atractivo económico.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la Comunidad Valenciana alberga un total de 324 instalaciones que se verán afectadas por este mercado en la primera fase de la aplicación de esta directiva, lo que supone un 33% del total de las instalaciones afectadas por este mercado en una primera fase. Y de la Comunidad, Castellón es la provincia que cuenta con más argumentos para reivindicar ser sede europea. Cabe recordar que de las 5.000 instalaciones de Europa que se verán condicionadas por la normativa para el cumplimiento de Kioto, 250 empresas se encuentran en Castellón, es decir un 5% del total de la UE.

Las 250 firmas castellonenses, además, suponen el 25% del total nacional, lo que convierte a Castellón en el punto de mayor concentración española y europea de las instalaciones que van a tener que cumplir con el plan de asignación de emisiones de la Directiva. Asimismo, la provincia ha sido una de las zonas pioneras en la introducción del sistema de cogeneración energética, un mecanismo básico para garantizar el cumplimiento de las normas de Kioto.