Entre los requisitos para que se barajan para asumir el entierro figura la existencia de un certificado de pobreza, para descartar que el difunto tenga familia o disponga de recursos. Se han dado casos en que, tras investigar, se ha comprobado que el difunto, al que inicialmente se había dado por indigente, tenía pensión. En estos casos el entierro lo asume la familia o con la pensión del difunto. Además, se propone exigir el empadronamiento en Castellón. Se pretende someter a revisión del juzgado este protocolo y remitirlo a los hospitales.
La gestión privada del nuevo cementerio es otro factor que obliga a elaborar un protocolo, para formalizar el proceso.
