Los cazadores de la provincia de Castellón desaprueban el artículo de la nueva ley de caza aprobada por el Gobierno valenciano recientemente que contempla la desaparición de los terrenos libres, que pasan a denominarse zonas comunes, y en las que se restringirá el período hábil de caza a un máximo de ocho semanas, según recoge el último documento que hace referencia a este deporte. Además, los propietarios de cotos invertirán un total de 2,2 millones de euros, aproximadamente, en la conservación de las poblaciones silvestres y la mejora de los hábitats, una cantidad que responde al 35% de los beneficios que la nueva ley obliga a los propietarios a revertir en los cotos.

Así lo manifestó el presidente de la Federación Territorial de Caza en Castellón, José Capella, quien aseguró a este periódico que "la restricción del período de caza en estas zonas conllevará que muchos cazadores que hasta el momento salían a cazar a terrenos libres sin necesidad de pagar coto, ya no puedan hacerlo". Una situación que para Capella también puede derivar en una reducción del número de licencias en la provincia de Castellón, que actualmente ascienden a 24.000.

Sin embargo, los cazadores tienen en cuenta que la nueva ley pretende que la caza se convierta en una actividad conservadora del medio y creen "muy adecuadas" medidas como la de prohibir la caza a 200 metros de núcleos urbanos.

Respecto a que los titulares de los cotos deban presentar planes técnicos y una memoria anual para gestionar su actividad, los cazadores aseguran que esto es "lo más lógico", aunque la Conselleria debería "incrementar las subvenciones que actualmente se dan a este sector".

Por otra parte, el colectivo de cazadores de Castellón valora positivamente la mayor parte de las determinaciones adoptadas en esta ley, entre ellas el hecho de que "la Conselleria realice una serie de pruebas de aptitud para obtener la licencia y que deban contar con un seguro de responsabilidad a terceros".

Otra de las medidas que se dan en la actualidad y que califican como muy adecuada es la consideración de una infracción grave el uso de cebos envenenados y de cepos para la captura, método que llevará aparejada una sanción de 15.000 euros.