El documento aprobado por el claustro propugna que la decisión del método de elección del rector recaiga en los estatutos de cada universidad y no en la comunidad autónoma pertinente.
Además, en el ámbito estudiantil reclama unos mínimos que cada Gobierno haya de respetar, en cuanto a dotación de becas y ayudas al estudio para evitar en un futuro una drástica disminución de las mismas, como ocurrió años atrás.
