En lo que llevamos de año se ha ordenado la repatriación de más inmigrantes en la provincia de Castellón que durante todo el 2005. Así, según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, en el pasado ejercicio se dictaron 414 órdenes de expulsión mientras en lo que va del 2006 se han tramitado 444. Aunque durante el primer año y medio de legislatura se abrieron más de 700 expedientes, la Subdelegación no pudo precisar ayer cuántos se han ejecutado.

A este respecto, la secretaria de la Junta Local del PP de Castellón, Carmen Amorós, preguntó ayer al subdelegado del Gobierno "cuál es la situación de la inmigración irregular en Castellón, los expedientes de expulsión que se han tramitado y la cantidad que se ha hecho efectiva en realidad".

Amorós denunció que al cumplirse un año del proceso de regularización "el balance no puede ser más negativo, al encontrarnos en la misma situación de irregularidad que hace un año", tal y como publicó ayer Mediterráneo. A su vez, hizo hincapié en los siete inmigrantes en situación irregular remitidos a Castellón desde Canarias, "como fenómeno que se produce en diversas ocasiones y que no es sino un ejemplo candente y real de que el proceso extraordinario no supuso el éxito que pretende hacer creer el PSOE".

Amorós, además, demandó al Gobierno que compense los gastos que han asumido los ayuntamientos derivados de la atención al inmigrante, "pues todavía no han recibido un euro".

Así, afirmó que el consistorio de Castellón aún no ha ingresado los 145.000 euros que justificó el año pasado, en el que este gasto ascendió a 187.000 euros. Este año está previsto que se eleven a entre 200.000 y 250.000 euros. "Si fuese por el Gobierno, tendríamos cadáveres por las calles, ya que las ONG están asfixiadas y los consistorios no disponemos de recursos suficientes para atenderlos", dijo. Además, exigió convenios finalistas entre el Ejecutivo central y los diversos ayuntamientos.

Por su parte, Juli Domingo, secretario general de la Agrupación Local del PSPV, pidió la dimisión de Amorós, por emplear una terminología "éticamente impresentable" al referirse a la política de inmigración del Gobierno. Éste consideró que le había acusado poco menos de genocida y le dijo que debería preguntar al Consell por el dinero que asignó el Gobierno para apoyar a los inmigrantes.