El Gobierno central volvió a justificar el pasado 3 de abril el inicio de un proceso sancionador contra los pescadores de Vinar²s, Benicarló, Peñíscola y Burriana que cerraron por mar los puertos de Castellón y Valencia durante la huelga del sector, en noviembre. En respuesta a una pregunta del senador popular Juan José Ortiz, desde el Ministerio de Presidencia se señala que el bloqueo "ya en sí mismo constituye una infracción al Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar".

Además, añaden que a esta situación se le suma que el Capitán Marítimo provincial "ordenó a cada buque, de forma indirecta e individualizada, el abandono de la posición que ocupaba". "Orden que en todos los casos fue desobedecida", subrayan.

Ortiz mostró ayer su descontento con la respuesta y alegó que el Gobierno debería ser "más flexible dada la situación del sector".