El código de buen gobierno de los concejales del Ayuntamiento de Castellón, aprobado en el pleno del pasado jueves, establece que los ediles "se abstendrán, una vez finalizado su mandato y durante el plazo de un año, de desempeñar responsabilidades remuneradas que pudiesen implicar trato de favor en las empresas con las que hubiesen contratado en su mandato o con aquellas pertenecientes al mismo grupo de empresas".

La nueva norma precisa que los miembros de la corporación "no deberán colocarse bajo ninguna obligación financiera o de otro tipo con terceros u organizaciones que puedan influirles en el desempeño de sus responsabilidades oficiales".

Los 27 concejales se han comprometido a "abstenerse" de toda actividad privada que pueda plantear conflicto de intereses con su puesto público.

En cuanto a los insultos en los mandatos municipales, los ediles mantienen que "evitarán la descalificación y la calumnia en el juego político" y tendrán que ser capaces de "probar aquellas acusaciones que se formulen en público". Los concejales se abstendrán de todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad de la Administración municipal con los intereses generales.

Respecto al ámbito de la responsabilidad, la corporación entiende que el transfuguismo constituye "un fraude a las legítimas expectativas de los electores", y considera una "práctica inadmisible". El código recoge que los grupos políticos "renunciarán a cualquier beneficio indirecto que pudieran obtener de su práctica". Cuando haya discrepancia con el partido, la dimisión "es la solución ética", añade la norma.