La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, se comprometió ayer a estudiar la propuesta del Gobierno central de repartir entre todas las autonomías a 500 menores inmigrantes en situación irregular procedentes de Canarias, si bien lamentó que "no se haya concretado" el fondo de financiación con el que el Gobierno ayudaría a las comunidades en el traslado y mantenimiento de las plazas.

De Miguel explicó que la Comunitat Valenciana acoge actualmente a 600 menores extranjeros no acompañados, de los que 60 corresponden a la provincia de Castellón.

La consellera criticó que es "evidente" que el número de menores ha aumentado en los últimos meses debido al "efecto llamada que está teniendo la política de inmigración del Gobierno de España""efecto llamada y comentó que el traslado de los mismos a la Península "no es la solución".

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, indicó que tras el "acuerdo de fondo" alcanzado ayer entre el Gobierno central y las autonomías hoy comenzarán los trabajos para concretar la participación de cada comunidad en el programa de traslados.

La propuesta del Ejecutivo central prevé un "presupuesto extraordinario" a cargo del Estado, que no se concretó, además de un protocolo que supondrá la realización de una reseña policial de cada menor y la incorporación de sus datos a un Registro Policial de menores extranjeros no acompañados.