La concesionaria del aeropuerto de Castellón retiró ayer las máquinas del monte Santa Bárbara y balizó el área, después de que una patrulla del Seprona de la Guardia Civil se personara en el lugar y ordenara la paralización de las obras, en cumplimiento del mandato judicial. Desde la promotora Aerocas admitieron ayer que si no se elimina el montículo las aeronaves no podrán despegar y aterrizar.

La interrupción se hizo efectiva a primera hora de la mañana de ayer, menos de 24 horas después de que la titular del juzgado número 4 de Castellón hiciera público el auto en el que da la razón al grupo ecologista Gecen y decreta la suspensión cautelar de los trabajos en el área, al entender que se encuentran fuera del perímetro que marca la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y afectan a un monte catalogado como suelo no urbanizable con protección ecológica y paisajística.

Fuentes de la promotora Aerocas admitieron la "retirada" de las máquinas y el "perimetraje" de la zona, aunque incidieron en que las obras continúan su curso normal en el resto del solar.

TRASCENDENTAL El devenir de esta nueva paralización judicial es trascendental, en la medida en que si no se rebaja la altura del monte Santa Bárbara los aviones no podrán despegar y aterrizar, según confirmaron desde Aerocas. El obstáculo está emplazado en la zona norte del aeropuerto, justo enfrente de la pista de aterrizaje, y su eliminación es necesaria para garantizar la seguridad en las operaciones.

Según la promotora, no se le ha comunicado todavía de forma oficial el auto judicial, aunque los servicios jurídicos ya trabajan en la elaboración del recurso de reforma. Desde la sociedad insisten en que el monte de Santa Bárbara sí que tiene declaración de impacto y también está incluido en el plan director y el proyecto constructivo del aeropuerto, que fija una superficie afectada de 540 hectáreas.

Por el contrario, la jueza ha entendido que la DIA sitúa el límite de las obras en la carretera CV-145, que une Vilanova d´Alcolea con Torreblanca.

Desde el Gecen, su portavoz, Francisco González, denunció que la concesionaria siguiese con las obras durante la madrugada del martes al miércoles "cuando tenía en sus manos el auto judicial, ya que lo recibimos al mismo tiempo". Se preguntó "cómo puede ser que se plantee un aeropuerto y no se incluya toda la superficie que quiere abarcar en el estudio de impacto". González criticó "el cúmulo de despropósitos del proyecto, que, primero, destruye una ermita, luego vulnera el periodo de anidamiento del aguilucho cenizo y ahora se carga un monte público".