Fuentes gubernamentales han informado a Mediterráneo que aunque las decisiones en las cesiones de suelo corresponden aprobarlas a la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda, "el Ministerio del Interior tiene total potestad para decidir si acepta o no las condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Castellón".

Ahora la decisión corresponde adoptarla a la Dirección General de la Policía, organismo que ha abierto el proceso de licitación para adjudicar la empresa que redactará el proyecto del inmueble de la nueva comisaría, que tendrá una inversión que rondará los 3,6 millones de euros.

Fuentes municipales subrayaron que esa cláusula de reversión, en caso de que deje de utilizarse el solar como sede de la comisaría, se exige a todas las cesiones de suelo que ofrece la ciudad a otras Administraciones, como es el caso de las consellerias. Estas fuentes recordaron que la cesión ha sido un acto voluntario.