El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González, negó ayer cualquier tipo de presión del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, o del fitosanitario Vicente Vilar, en la tramitación de la Ley de Sanidad Vegetal durante su época como portavoz del PP en el Senado, en el 2002.

González Pons declaró a lo largo de casi una hora en su despacho de la Conselleria como testigo ante la titular del Juzgado número 1 de Nules, que instruye los presuntos delitos contra la Administración Pública y de fraude fiscal derivados del caso Naranjax, por los que está imputado Carlos Fabra, entre otros.

AUSENCIAS En la comisión judicial estaban una representante de la Unión de Consumidores de España (UCE) de la Comunitat Valenciana, que actúa como acusación en la causa; el abogado de Fabra, Javier Boix; y el representante de Rubén Moreno, un excargo del Ministerio de Sanidad, también imputado. No asistieron, sin embargo, los nuevos abogados de Vicente Vilar, Antonio Galdeano y Bernardo Falcón.

Según fuentes judiciales, a preguntas de la UCE --el fiscal delegado de Anticorrupción, Luis Pastor, prácticamente no intervino-- González Pons admitió haber acudido a un restaurante de Madrid en el 2002 en el que miembros de la asociación de pequeños fitosanitarios (Aefisa) hicieron propuestas a responsables del Partido Popular, respecto a la tramitación de la Ley de Sanidad Vegetal. Admitió que en dicho encuentro estaban presentes Carlos Fabra y el exsenador Miguel Prim, imputado también.

El exportavoz del PP en el Senado afirmó que es un trámite habitual recibir sugerencias de colectivos afectados por los proyectos de ley, pero que él llegó tarde al encuentro, cuando había finalizado, y ya estaban en el café. Asimismo, declaró no recordar si Vilar estaba presente porque asegura no conocerle.

De hecho, el PP no presentó las enmiendas que sugerían los pequeños empresarios del sector fitosanitario a la norma entonces en tramitación, tal como ha publicado Mediterráneo.

El testigo, que declinó hacer declaraciones a la prensa, dijo que no conocía la vinculación de Fabra con la firma fitosanitaria Artemis 2000 --entonces propiedad de su mujer y la de Vilar--.