El ministro de Comercio de Rumanía, Iulin Winkler, afirmó ayer que espera que la realidad demuestre que no tienen fundamento las "preocupaciones" de España sobre la entrada de trabajadores rumanos y añadió que confía en que no se cumpla la moratoria de dos años dada por el Gobierno español para admitirlos, desde su ingreso en la UE, el próximo 2007.

Por su parte, el secretario de Inmigración de CCOO, Julio Ruiz, señaló que "no es serio" que el Ejecutivo adapte unilateralmente una moratoria, después de que el Ministerio de Trabajo haya abierto una ronda de negociaciones con los agentes sociales para consensuar una posición común. Ruiz explicó que los sindicatos CCOO, UGT y CEOE transmitieron al Gobierno la necesidad de un periodo de espera para el libre acceso de rumanos y búlgaros, aunque "no se llegó a cuantificar".

Desde la Federación de Asociaciones de Rumanos de España se lamentó el anuncio de Moratinos. A juicio de su responsable de comunicación, Gelu Vlasin, la moratoria "impide a los rumanos acceder al trabajo en igualdad de condiciones que los demás europeos".