La Subdelegación del Gobierno en Castellón ha abierto hoy al público la nueva oficina para extranjeros de la avenida de Casalduch, que ha supuesto una inversión de medio millón de euros, informaron fuentes gubernativas. A partir de ahora, en esta oficina se tramitarán los permisos y autorizaciones a los extranjeros que, hasta la semana pasada, eran atendidos en la delegación del Ministerio de Trabajo y en la Subdelegación del Gobierno. Con estas nuevas instalaciones se pretende modernizar el servicio y unificar en una sola oficina los departamentos de extranjeros de la Administración Central en Castellón. La puesta en marcha de estas oficinas, dotadas de todas las innovaciones tecnológicas, "permitirá ofertar una atención integral, moderna y ágil, al tiempo que facilitará la condiciones de trabajo de los funcionarios", según informaron fuentes de la Subdelagación en un comunicado. La nueva oficina, situada en la esquina de la avenida Casalduch y la calle ceramista Guallart Carpi, tiene una superficie de 500 metros cuadrados distribuidos en planta baja y entresuelo. El local dispone de sala de espera dotada de sistema de gestión de colas automatizado, sistema de climatización con mecanismos de renovación del aire y su imagen corporativa se ajusta a la del Ministerio de Administraciones Públicas. En la planta baja se ubican las oficinas y sala de espera, un archivo y aseos. El entresuelo acoge una sala amplia y diáfana también de oficinas, dos despachos cerrados, una sala para informática, una zona de descanso, un espacio para instalaciones, y aseos. La nueva Oficina de Extranjería concentra los servicios de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y de la Subdelegación del Gobierno, mientras que las oficinas de Documentación del Cuerpo Nacional de Policía permanece en la calle Teneries hasta la construcción de la nueva comisaría de Castellón. Esta nueva comisaría "supondrá la resolución definitiva de las deficiencias registradas en la prestación de ese servicio en los últimos años", una de las prioridades que se fijó el subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, según las mismas fuentes.
