La regulación de la prostitución callejera a través de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana que prepara el Ayuntamiento de Castellón afectará a casi 200 mujeres. El borrador elaborado por el Ayuntamiento de Castellón proponía impedirla solo si altera la tranquilidad o seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, algunos colectivos ciudadanos han planteado su prohibición total o, incluso, multas para clientes y profesionales.

En este sentido, María José Ortí, coordinadora del área social de la Fundación Isonomía, indicó que la solución no pasa por "quitarlas de la calle". Consideró que se habría que contar con la opinión de las afectadas y de organizaciones vinculadas a ellas. También matizó que deberían plantear alternativas a sus medios de vida, en caso de que se les impida ejercer.

Así, agregó que muchas de ellas se ven obligadas a abandonar sus países de origen debido a la falta de recursos y que la gran mayoría se ven abocadas a esta actividad porque no encuentran otra manera mejor de ganarse la vida. Apuntó que, si se les impide ejercer en el término municipal de Castellón, como plantean algunos colectivos, se verían forzadas a trasladarse a otros municipios vecinos, como, por ejemplo, Almassora o Vila-real, o buscar viviendas o locales. Según concretó, muchas de ellas prefieren la prostitución callejera, porque así son dueñas de ellas mismas y, por tanto, tienen una mayor libertad de horarios.

DERECHOS Aunque, a su juicio, a la larga habrá que abolirla, la corriente actual va en la línea de que se reconozcan los derechos de las trabajadoras del sexo. Algunos colectivos apuntan que un porcentaje muy elevado de mujeres desea continuar ejerciendo pero en mejores condiciones, recibiendo un trato digno y con los mismos derechos de que disfrutan otros trabajadores, como asistencia sanitaria, cotizar a la Seguridad Social y disfrutar de bajas remuneradas.